Cuando ya en la Junta de Andalucía casi se daba por hecho que no habría recurso, el Consejo de Ministros de este viernes dejaba caer el inesperado jarro de agua fría al anunciar el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto andaluz de reposición de la jornada de 35 horas semanales en la Administración pública.
El recorte de jornada formaba parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales de los trabajadores públicos recortados desde 2012.
Ningún voto en contra
El 10 de noviembre pasado –con los votos a favor de PSOE, Podemos e IULV-CA y la abstención de PP y Ciudadanos– el Parlamento convalidaba el decreto-ley del Gobierno andaluz que, a partir de enero de 2017, devolvería a los empleados públicos de la Junta la jornada laboral de 35 horas semanales, implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de un Gobierno central, presionado a su vez por Bruselas para que recortara gastos urgentemente.
Sobre el decreto autonómico andaluza siempre pesó la espada de Damocles del recurso gubernamental, aunque el hecho de que el Ejecutivo haya tardado tanto en presentarlo alimentaba el optimismo en la Junta. Ante decretos similares de Castilla-La Mancha y el País Vasco, el Gobierno ya presentó ante el TC sendos recursos que los paralizaban.
Malos augurios
De hecho, en la sesión plenaria del 10 de noviembre de 2016 ya el diputado del PP Pablo Venzal hacía esta advertencia: "El decreto es contrario al principio de legalidad, a la división de poderes, a la lealtad institucional y al cumplimiento de los acuerdos. Incumplen la ley porque saben que estamos ante una potestad exclusiva del Estado".
En efecto, en su reunión de hoy el Gobierno ha aprobado dos acuerdos de interposición de dos recursos de inconstitucionalidad: uno contra el decreto ley de la Junta que regula el trabajo de sus empleados públicos en 35 horas semanales, y otro, contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario.
El marco común
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en la rueda de prensa que el decreto andaluz rompe “el marco común" con el resto de España, aunque el Ejecutivo "sigue abierto" para "buscar acuerdos".
El Gobierno interpreta que el Decreto Ley 5/2016 de la Junta "contraviene" la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas, y el artículo 3 del Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El recurso, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, llega tras no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones llevadas a cabo con la Junta de Andalucía.
Adiós a 7.000 empleos
La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha calificado la decisión gubernamental de "hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo", mientras que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, lo ve "un agravio añadido" que trunca "una oportunidad laboral" para la generación de "unos 7.000 empleos a lo largo del año" y perjudica a 270.000 empleados públicos andaluces.
Dado que la medida comenzó a aplicarse el 16 de enero, Montero considera el recurso "un absoluto desprecio" para Andalucía y para estos trabajadores.
Reproche sindical unánime
Los sindicatos también han sido muy críticos con el Gobierno. El sindicato UGT Andalucía ha expresado este viernes su "rotundo rechazo" a "una medida que supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo creados".
La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha reclamado al PP-A que se ponga de lado de los empleados públicos y “le pida al Gobierno del PP que dé marchas atrás en este recurso del Tribunal Constitucional".
En un comunicado, el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, ha lamentado "la falta de sensibilidad del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía y hacia los empleados públicos andaluces, que han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años".
