Los trabajadores de la multinacional andaluza Abengoa esperaban hoy "ver un poco de luz al final del túnel". Una luz que debía venir, como mínimo, en forma de "compromiso formal y por escrito" de la Junta de Andalucía de que "están con la empresa y van a ayudar a los trabajadores", además de que está dispuesta a sentarse con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sevilla para encontrar una solución.
Ese compromiso se ha producido, lo cual no deja de ser un avance teniendo en cuenta los reproches recíprocos entre los Gobiernos central y autonómico. En efecto, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se reunirán el próximo lunes para abordar el futuro de la empresa, un encuentro ante el que los trabajadores han pedido "máxima representación" por parte del Ejecutivo central, como la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, o cualquier persona de relevancia".
Así lo ha trasladado a los medios José Luis de Miguel Caro, portavoz de los trabajadores, tras una reunión mantenida con la Junta después del rechazo definitivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al rescate de 249 millones a la compañía.
Por su parte, el consejero autonómico Rogelio Velasco ha asegurado que la Junta “va a hacer todo lo posible” para que Abengoa sobreviva y ha expresado su confianza en que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “dé un paso adelante importante y comprometa los recursos financieros necesarios”.
Velasco llegó a decir en agosto de 2020 que la Junta aportaría el aval de 20 millones de euros que la compañía necesitaba con urgencia para cerrar el acuerdo que había estado negociando con sus acreedores. Semanas después, sin embargo, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, decía que tal aval no era jurídicamente viable.
El portavoz de los trabajadores también ha recalcado que si el inconveniente fuera que la ministra no puede desplazarse ese día a Sevilla, donde se celebraría el encuentro, "la Junta y la empresa han expresado su voluntad de desplazarse a Madrid para tener en la mesa de negociación algún cargo que esté a nivel de resolver este problema".
Mientras una representación de trabajadores esperaba fuera a las puertas de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, dentro se celebraba la reunión, en la que han participado por parte de la Junta el consejero de en funciones, Rogelio Velasco, y el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz.
José Luis de Miguel ha destacado que empiezan "a ver un poco de luz al final del túnel" después de "tanta ilógica y noticias sobre el rescate de Abengoa". "Aunque algo tarde, nos llega aire nuevo que nos satisface después de todo el esfuerzo de los compañeros en la calle", ha subrayado, detallando que la reunión a tres bandas ha sido iniciativa del Gobierno, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.
Sobre la acampada que los trabajadores llevan varios días realizando a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, el portavoz ha indicado que se va a desmontar de momento, ya que están "desgastados" y quieren dar "un voto de confianza a los políticos", pero siempre con el "mensaje claro" de que si no se soluciona, los trabajadores saldrán a la calle "a luchar hasta que Abengoa sea una empresa como siempre, que genera empleo, actividad y desarrollo".
Aun así, de momento no cabe desactivar el mecanismo del concurso de acreedores para proteger la empresa durante el tiempo que tarde en resolverse la situación en la mesa de negociación, una vez que el pasado martes la SEPI acordara denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de Abengoa "al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado". En todo caso, la situación es muy delicada porque el partrimonio negativo total del grupo supera los 5.000 millones de euros, según el ejercicio de 2020, que es el último hecho público.
La denegación de la ayuda pública hace prácticamente decaer el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público. Así, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.
