La Fiscalía Superior andaluza ha pedido al juez que se abra una investigación por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa en supuestas contrataciones irregulares por parte de dos exgerentes de la empresa de Vivienda de la Diputación de Granada, cuando la gobernaba el PP.

Denuncia de Podemos
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha tomado esta decisión a través de un decreto de remisión después de que el grupo político "Vamos Granada" en la institución provincial, ahora gobernada por el PSOE, pusiera en conocimiento del Ministerio Público supuestas irregularidades en cuatro contrataciones. El portavoz en la Diputación de este grupo vinculado a Podemos, Luis de Haro-Rossi, informó entonces de que se trataba de cuatro contratos que se hicieron en la empresa provincial de vivienda, suelo y equipamiento (Visogsa) sin atender supuestamente a los principios obligatorios de igualdad, mérito y capacidad.

Fiscalía actúa
Fuentes de la Fiscalía andaluza han informado de que García Calderón ha ordenado que se dé traslado de su decisión a los dos exgerentes de Visogsa y a la Fiscalía General del Estado. Esta última remisión responde a que la investigación solicitada por el fiscal superior al juez decano de Granada también podría afectar al aforado Sebastián Pérez, actualmente senador por el PP y que entonces presidía la Diputación y el consejo de administración de la empresa de vivienda y suelo dependiente de esta institución.

Contratación de familiares
García Calderón explica además en su decreto, que avanza hoy el diario Ideal, que no derivó las diligencias a la Fiscalía de Granada, dado que uno de los cuatro contratos bajo sospecha afectaría a una persona con un "parentesco de segundo grado" con la fiscal jefe provincial, Ana Tárrago. Según la denuncia interpuesta el pasado diciembre por "Vamos Granada", aunque las cuatro personas fueron contratadas para trabajar en Visogsa, tres de ellas como administrativo o auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico, prestaron finalmente sus servicios en Diputación.

La formación mantuvo que todos esos contratos vulneraron el estatuto básico del empleado público, que tiene como finalidad evitar procedimientos de contratación "espurios" derivados del "clientelismo social y político".