El Gobierno ha dado un paso más en el plan de vivienda anunciado por el presidente Pedro Sánchez a comienzos de año y ha recuperado 40.000 viviendas que se perdieron como consecuencia del rescate bancario y 2.400 suelos en los que podrán construirse otros 55.000 inmuebles. Estos activos, que estaban en manos de la Sareb, pasan ahora a estar gestionados por la empresa y empresa pública de vivienda y suelo (SEPES) en una operación valorada en 5.900 millones euros aprobada por el Consejo de Ministros de este martes.
Después de que el Estado se hiciese con el control del banco malo en enero de 2022, antes en manos de entidades financieras, la coalición da un paso más en una actuación que ha denominado como la recuperación de “las casas que nunca debimos perder”. “Este país invirtió mucho para construir dos millones de viviendas que fueron descapitalizadas e incluso privatizadas”, ha denunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha condenado que en su momento se usasen “estas viviendas de los desahucios de familias para pagar el rescate financiero”.
“Hay que elegir entre salvar a los bancos o a las familias”, ha expuesto la ministra, garantizando que la elección de este Gobierno es la ciudadanía, mientras que la del anterior fueron las grandes compañías. En este sentido, ha trasladado que estas viviendas se pondrán disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible y “en ningún caso superando el 30% de los ingresos de las familias”. Algunos de los inmuebles necesitarán ser reacondicionados, aunque para su traspaso de Sareb a SEPES se han establecido unos mínimos.
Detalles de las viviendas adquiridas
Así, siguiendo criterios de viabilidad económica, jurídica, técnica y territorial que deben cumplir las viviendas y suelos, el Ejecutivo ha concluido que puede disponer de 40.000 viviendas para el parque de vivienda asequible y de un perímetro de 2.400 suelos con la capacidad de albergar más de 55.000 viviendas. “Además, nos hemos reservado la potestad de abordar ampliaciones a estos criterios por razones justificadas con simplemente un acuerdo de la comisión delegada de asuntos económicos”, ha trasladado la titular de la cartera de Vivienda.
Los principales criterios son los geográficos, poniendo el foco en los lugares donde más se necesitan este tipo de viviendas, poniendo especialmente a las zonas tensionadas ya definidas. Dentro de estos, se atiende a la población, seleccionado a aquellos de más de 5.000 habitantes o, de ser inferiores, que hayan tenido un crecimiento poblacional de más del 5% en diez años; y a lo económico, incorporando todas las viviendas entre 40 y 85 metros cuadrados, independientemente de su tasación, y de hasta 150 metros cuadrados en función de su valor (tasación que podría ser superior al 40% del mercado).
Por supuesto, las viviendas no pueden tener patologías estructurales, deben estar conformes con la legislación urbanística vigente y garantizar las condiciones de habitabilidad. En lo referido a los suelos, se adquirirán en municipios de más de 5.000 habitantes, siempre y cuando su superficie sea superior a 150 metros cuadrados, cuenten con calificación urbanística residencial y tengan la capacidad de acoger un mínimo de 30 viviendas. Para que pueda hacerse cargo de su gestión, el segundo de los acuerdos consiste en la habilitación del SEPES para poder utilizar 593 millones, que se suman a los 5.900 anteriores, para adecuar estas y otras viviendas que se adquieran, desarrollar los suelos, completar otras compras y adquirir otras viviendas.
