Algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, tienen la irritante sensación de que el presidente del Gobierno las está toreando en un asunto para ellas absolutamente crucial como la financiación. Esa sensación se ha agravado en las últimas semanas al constatar que Mariano Rajoy no solo no torea al Gobierno vasco en esta cuestión del dinero, sino que además no tiene inconveniente a hacer él mismo de toro.
En efecto, mientras la negociación bilateral para mejorar el Cupo vasco ha ido sobre ruedas gracias principalmente a que el PP necesita los votos del PNV para aprobar los Presupuestos del Estado de 2018, la negociación multilateral con el resto de territorios para mejorar la financiación autonómica común ni siquiera ha empezado. Y ello a pesar de que acumula ya más de dos años de retraso con respecto a lo marcado por la ley.
Rajoy no tiene prisa
Ese contraste ha disgustado profundamente a presidentes autonómicos como Ximo Puig o Susana Díaz, que, aunque no lo hayan explicitado públicamente, no han sentido en ningún momento la comprensión, la complicidad o el amparo de la dirección federal del partido en el que sin duda es el problema más acuciante que padecen, pues lo que está en juego es la financiación del Estado del bienestar en sus territorios.
Sus comunidades están pésimamente financiadas y les urge la negociación de un nuevo modelo más equitativo y capaz de compensar las pérdidas acumuladas desde 2009 en que entró en vigor el actual, pero la dirección federal del partido no ha dado muestras inequívocas de empatía con esas necesidades de los dos principales territorios donde gobierna.
Y de lo mío ¿qué?
Ambos presidentes y alguno más han tenido que dar un aldabonazo en las puertas de Ferraz para hacerse oír: no se trata en ningún caso de romper la disciplina cuando este jueves en el Congreso el PSOE vote a favor del nuevo Cupo vasco; ni tampoco, por supuesto, de poner en cuestión el propio Cupo como tal, aunque a ningún territorio del régimen común le guste. Solo quieren que la negociación de lo suyo comience ya.
Sánchez ha reaccionado a la presión hablando con los presidentes, entre ellos Susana Díaz, para trasladarles que haría valer su peso político para obligar a Rajoy a acelerar el comienzo de las negociaciones con las CCAA. Antes de esas conversaciones, el Gobierno dijo la semana pasada que presentaría su borrador antes del 1 de diciembre.
Cerca de Vitoria, lejos de Sevilla
Lejos de Ferraz se teme que Sánchez no haya acabado de asumir que el Partido Socialista es mucho más que Cataluña y el País Vasco. Y no solo eso: que el Partido Socialista –o más bien lo que queda de él– es hoy por hoy principalmente todo aquello que no es Cataluña y el País Vasco. ‘Perdidas’ electoralmente en este momento ambas comunidades para la causa socialista, el partido se la juega en territorios como Andalucía, Valencia, la Mancha, Extremadura o Asturias, donde sus opciones de mantener el poder están intactas.
Pero para que lo sigan estando necesitan que Ferraz les eche una mano con determinación. Si no lo hace es porque se siente rehén del PSC o el PSE, piensan algunos socialistas andaluces, que ven a Sánchez cerca de Vitoria o Barcelona, pero lejos de Sevilla o Valencia.
Autoridad y desgana
Mientras, el Gobierno central y el Partido Popular han venido, no sin astucia, poniendo el énfasis en que lo principal para comenzar a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica era que el PSOE mostrara su disposición a formular una propuesta y llegar a un acuerdo, conscientes los conservadores de que la división interna en el partido –tanto orgánica como territorial– hacía muy improbable ese liderazgo de Ferraz en la negociación.
El problema no es ya que Pedro Sánchez no tenga autoridad suficiente para imponer su criterio –si es que lo tiene– en materia de financiación territorial a Díaz o Puig; el problema es que ni siquiera ha dado muestras de estar interesado en hacerlo.
Paralelamente, puede que esa desgana de la dirección federal tenga a su vez que ver con el temor de que, si tuviera una actitud más proactiva, no le harían mucho caso. El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, lo dejaba este miércoles bastante claro: “Las posiciones de los partidos son muy respetables, pero la posición de Andalucía la va a hacer valer el Gobierno andaluz". Y remachaba: la no renovación del sistema “nos cuesta 850 millones cada año. Se nos agota la paciencia".
