La abogada Elisa Fernández-Vivancos ha sido la alto cargo más breve de la historia autonómica andaluza y seguramente de la historia democrática nacional. El precedente más cercano en el tiempo es el del ministro socialista de Cultura Màxim Huerta, que duró seis días en el cargo, muy lejos en todo caso de las 26 horas aproximadamente que Fernández-Vivanco ha permanecido en el suyo: fue nombrada delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en la provincia de Granada ayer hacia el mediodía y ha renunciado al cargo hoy pasadas las dos de la tarde. Ni siquiera ha llegado a tomar posesión del mismo.

Funcionaria del cuerpo de letrados autonómicos, Elisa Isabel Fernández-Vivancos fue durante años jefa del gabinete jurídico de la Junta en Granada hasta que en 2017 fue apartada del cargo por la supuesta negligencia de su departamento en la defensa de los intereses autonómicos frente al promotor inmobiliario Tomás Olivo.

La representación jurídica que dirigía Fernández-Vivancos no se personó en la vista por lo contencioso-administrativo donde debía ratificar el informe pericial de la Junta justificando la paralización y posterior demolición de parte del centro comercial Nevada. El Gobierno andaluz perdió el contencioso y ha tenido que depositar en los juzgados 168 millones de euros que solo podrá recuperar si el Tribunal Constitucional estima su recurso.

La ya exdelegada, cuyo cargo depende de la macroconsejería que dirige el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha lamentado lo que denomina “las inexactitudes” periodísticas sobre su trayectoria profesional. Para el partido naranja, su renuncia impide que se pueda dañar el proyecto político “de regeneración de la vida pública liderado por Ciudadanos” en esta “nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos andaluces".

Apartada de su cargo y trasladada a otro departamento aunque no llevó personalmente el caso Nevada, la exdelegada provincial de la Junta pidió la excedencia para fichar por el despacho Ramón y Cajal Abogados, el mismo que, a través del letrado Joaquín García Bernaldo de Quirós, defendía los intereses de Tomás Olivo en el enrevesado litigio del centro comercial.

Fuentes conocedoras de la trayectoria laboral de Fernández-Vivancos conjeturan que la letrada podría haber incumplido incumplido la Ley 53/84 de Incompatibilidad de las personas al servicio de las Administraciones Públicas al incorporarse al bufete privado sin que hubiera transcurrido el mínimo de dos años prescrito por la ley.