Entre las elecciones del 28 de abril y las que tendrán lugar el 10 de noviembre, la tramitación del caso Gürtel dio una nueva vuelta de tuerca que estrechaba el cerco judicial sobre la exalcaldesa de Jerez y veterana diputada del PP María José García-Pelayo Jurado: la Fiscalía Anticorrupción pedía al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que volviera a investigarla al entender que había nuevos indicios de su implicación en la pieza de la Gürtel relativa al Ayuntamiento jerezano.
Pese a ello, García-Pelayo ha vuelto a ser designada hoy como número uno en la lista del partido por Cádiz al Congreso, lo que para el PP provincial "supone la renovación de la confianza del presidente nacional, Pablo Casado, en el trabajo desempeñado" por la diputada.
Viejo archivo, nuevos indicios
Los nuevos indicios delictivos sobre García-Pelayo se derivaban de un escrito de Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas de la trama y condenada en dos de las causas ya juzgadas, en el que aportaba datos de que García Pelayo conocía la adjudicación fraudulenta de contratos a la red de Francisco Correa antes de que se tramitaran los correspondientes expedientes. La diputada popular atribuyó las revelaciones de Jordán a una maniobra para rebajar pena.
Como se sabe, García-Pelayo ya fue investigada por el Supremo en 2015 pero el caso fue sobreseído provisonalmente en abril de 2016 porque el instructor, el juez vinculado al Opus Dei Antonio del Moral, no apreció indicios de prevaricación.
Aunque los contratos llevaban la firma de la alcaldesa, para el magistrado del Supremo no era “exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada un de las decisiones o acuerdos que firma".
Los hechos probados
Los hechos de los que la dirigente del PP quedó entonces exculpada y por los que es ahora nuevamente investigada se circunscriben al año 2004, fecha en que se produjo por parte del Ayuntamiento de Jerez la adjudicación irregular a empresas de la trama Gürtel de varios contratos para llevar a cabo actos promocionales en la Plaza Mayor de Madrid, en el marco de la feria de turismo FITUR.
El montante de las adjudicaciones rozaba los 250.000 euros. El instructor de esta parte de la causa en el Supremo, Antonio del Moral, entendía que aquella fue una decisión arbitraria "adoptada al margen de todo procedimiento legal" y que benefició a tres empresas que resultaron adjudicatarias, pero descartaba rotundamente que la alcaldesa tomara esta decisión a sabiendas de su arbitrariedad.
El fiscal Fidel Ángel Cadena situaba, en cambio, a García-Pelayo en la cúspide del engaño en Jerez para la firma de esos contratos y consideraba que “dictó resoluciones decisorias con conocimiento de su separación clamorosa del derecho”.
"Decisiones caciquiles"
El auto exculpatorio de Antonio del Moral no dudaba de que en Jerez existía “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable”. Sin embargo, consideró “creíble” la aseveración de la entonces alcaldesa de que ella no sabía nada de todos esos manejos.
La petición de Anticorrupción de que se vuelva a investigar a García-Pelayo se activó tras recibir la denuncia de Isabel Jordán el 9 de abril. Al día siguiente, la Fiscalía presentaba un escrito pidiendo al juez lo que en la práctica venía a ser un nuevo giro a la situación procesal de García-Pelayo.
Ese 10 de abril ya se habían disuelto las Cortes y García-Pelayo no figuraba en la Diputación Permanente, por lo que no era aforada y podía investigarla la Audiencia Nacional.
Su reelección en los comicios del 28 de abril y con toda seguridad en los del 10 de noviembre, la blindarán de nuevo como aforada, por lo que si el juez de la Audiencia Nacional respalda la petición de la Fiscalía, deberá remitir la causa al Supremo para que solicite el suplicatorio al Congreso.
