La Fiscalía Anticorrupción no se da por vencida en la batalla para sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP por Cádiz María José García-Pelayo: ha pedido al juez del caso Gürtel José de la Mata que la investigue de nuevo después de conocerse un escrito de la exadministradora de la trama Isabel Jordán en el que revela que la entonces regidora tuvo conocimiento de los contratos irregulares adjudicados por el Ayuntamiento a empresas de Francisco Correa en 2004.

La Fiscalía da credibilidad al escrito de la procesada Jordán, que García-Pelayo atribuye a una mera maniobra para rebajar pena, por lo cual ha anunciado una querella contra Jordán. Si el juez De la Mata coincide con el fiscal y considera procedente actuar contra ella, habrá de remitir la causa al Supremo para que solicite el suplicatorio al Congreso.

In dubio pro reo

El juez del Supremo que en 2016 propuso el sobreseimiento de la investigación sobre García-Pelayo nunca puso en duda la solidez de los indicios delictivos, pero otorgó a la exalcaldesa el beneficio de la duda: en su opinión, no había indicios concluyentes de que la regidora conociera las adjudicaciones fraudulentas ni el amaño de los contratos, pese a que los había firmado.

Isabel Jordán asegura ahora que en enero de 2004, semanas antes de Fitur, la alcaldesa estuvo dos veces en la sede de la empresa de Correa y tuvo conocimiento directo del diseño de los stands que posteriormente serían adjudicados de modo fraudulento por el Ayuntamiento. García-Pelayo replica que, más allá de su palabra, Jordán no ha aportado ninguna prueba de su acusación

En principio y si el juicio se mantiene tal cual el próximo 3 de junio, se sentarán en el banquillo el líder de la trama, Francisco Correa, su número dos Pablo Crespo, dos de sus trabajadores y varios funcionarios del Ayuntamiento.

Los contratos

Los hechos por los que puede ser de nuevo investigada la dirigente del PP se circunscriben al año 2004, fecha en que se produjo por parte del Ayuntamiento de Jerez la adjudicación irregular a empresas de la trama Gürtel de varios contratos para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid, en el marco de la feria de turismo FITUR. El montante de las adjudicaciones rozaba los 250.000 euros.

El instructor del Tribunal Supremo que, en abril de 2016, logró que la Sala de lo Penal del alto tribunal archivara la causa abierta contra la ex alcaldesa no era simplemente un juez conservador. Antonio del Moral García mantenía una vinculación pública y notoria con el Opus Dei, participando asiduamente en actos y publicaciones de la prelatura fundada por José María Escrivá de Balaguer.

El fiscal Fidel Ángel Cadena situaba, en cambio, a García-Pelayo en la cúspide del engaño. Según el escrito de la Fiscalía, García-Pelayo “dictó resoluciones decisorias con conocimiento de su separación clamorosa del derecho”.

El eco de los ERE

El instructor del Supremo pensaba que la adjudicación fue una decisión arbitraria "adoptada al margen de todo procedimiento legal" y que benefició a tres empresas de la trama, pero descartaba rotundamente que la alcaldesa tomara esta decisión a sabiendas de su arbitrariedad.

El auto exculpatorio de Antonio del Moral calificaba de “creíble” el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas”. Para el magistrado, no era “exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma".

Ante sospechas de prevaricación homologables a las que pesaban sobre García-Pelayo, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán tuvieron menos suerte que la exalcaldesa popular.

Aunque no tuvieron conocimiento directo ni detallado de las ayudas sociolaborales que gestionaba la Dirección General de Trabajo, al instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro no le cupo ninguna duda de la existencia de indicios de responsabilidad penal. El conocimiento que no era "exigible" para un alcalde parece que sí lo era para un presidente autonómico.

El caso Serrano

Otra intervención controvertida del juez Del Moral fue en el caso de la condena al juez de Sevilla Francisco Serrano por prevaricación, al cambiar el régimen de visitas de un niño para que fuera a una procesión.

En 2012, la Sala de lo Penal del Supremo elevó a 10 años el periodo de inhabilitación como juez del hoy parlamentario y líder andaluz de Vox, aunque luego el Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia, declarando firme la dictada con anterioridad por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fijaba la inhabilitación en solo dos años.

La dura sentencia del Supremo contó con el voto discrepante del magistrado Francisco Monterde, al que se adhirió el también magistrado Antonio del Moral. Ambos entendían que el Supremo debía de absolver al juez de Familia hoy militante en la extrema derecha.