Patricia Iglesias, diputada y coordinadora gallega de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, ha alertado de la existencia de documentos e informes sin firmar ni atribuir que habrían sido utilizados para justificar la fusión de las cajas gallegas. Según ha denunciado, se trata de material carente de validez formal que, pese a ello, sirvió como base para una de las decisiones económicas más relevantes en la historia reciente de Galicia.
Estos documentos se remontan a la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, hoy presidente del Partido Popular. La iniciativa vuelve a situar bajo el foco su gestión como máximo responsable del Gobierno autonómico entre los años 2009 y 2011, periodo en el que se firmaron varios contratos cuya transparencia está siendo cuestionada.
Los acuerdos fueron suscritos con el bufete Equipo Económico, firma vinculada al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, actualmente investigado por presunto tráfico de influencias. En total, los contratos alcanzan la cifra de 172.838 euros y se formalizaron durante el primer mandato de Feijóo como presidente de la Xunta. A día de hoy, no se ha facilitado información completa sobre el contenido ni los criterios de adjudicación de dichos encargos.
La iniciativa se ha desarrollado en coordinación con el Parlamento de Galicia, que reclama explicaciones a la Xunta por la falta de transparencia en un total de 13 contratos menores adjudicados al citado bufete, que también está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Desde la Cámara autonómica se cuestiona, además, el uso reiterado de este tipo de contratos para servicios de especial relevancia.
El hallazgo de los socialistas
Fue el pasado 12 de septiembre cuando el Grupo Socialista tuvo acceso a parte de los expedientes de contratación, cuya documentación calificó de “especial gravedad institucional”. Entre los archivos revisados se localizaron informes que no eran más que borradores sin firma ni fecha, así como documentos en los que no consta la identidad de su autor ni del órgano responsable de su elaboración.
Asimismo, se halló información contenida en una presentación en PowerPoint que carecía de conclusiones técnicas y de recomendaciones finales. Pese a su carácter incompleto, este material habría sido utilizado para sustentar decisiones clave relacionadas con la fusión de las cajas de ahorro gallegas, según denuncian los socialistas.
Ese mismo día, el Grupo Socialista solicitó formalmente una copia íntegra de todos los contratos menores adjudicados a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos. Sin embargo, a fecha actual, esta documentación no ha sido remitida.
Desde la oposición consideran que esta falta de respuesta supone un incumplimiento de los principios de transparencia, cooperación parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno gallego. Por ello, la iniciativa registrada en la Cámara autonómica insta a la Xunta a entregar de manera inmediata toda la información pendiente y a explicar los criterios seguidos para la adjudicación de estos contratos.
Además, se solicita al Partido Popular que revise sus procedimientos internos de contratación pública, con especial atención a los contratos menores. Según los denunciantes, estas medidas permitirían "garantizar la trazabilidad documental", "evitar la fragmentación indebida" y "reforzar los mecanismos de control y auditoría en la administración autonómica".
