El PP venció los últimos comicios locales pero no logró la mayoría absoluta, que sí sumaban el PSOE, IU y el PVRE. Este último se estrenó en el Consistorio con dos ediles, todo un éxito electoral teniendo en cuenta su reciente creación. El nuevo partido había recabado respaldo de sus orígenes como plataforma reivindicativa de los derechos de todos los dueños de casas ilegales que proliferaron en este municipio en las tres últimas décadas. Los 'populares' han vivido un año de gobierno en minoría pero han preferido este acuerdo por un triple motivo: el rechazo de la oposición en bloque a su plan de ajuste, las dificultades para consensuar el presupuesto y el reciente acuerdo en la Junta entre PSOE e IU, que hizo suponer al PP que llevaría a buscar similares alianzas municipales, según informa la edición andaluza de elpais.com.

Espantan la posibilidad de la moción de censura
Con este acuerdo, los 'populares' espantan la posibilidad de la moción de censura pero se juega su imagen al haber pactado y entregado Urbanismo a los que defienden pagar menos por las construcciones ilegales y una reducción de las multas a los incumplidores de la legislación. "Nosotros no somos ilegales. Somos vecinos. No decimos que no tenemos que pagar. Nunca hemos hecho eso. Decimos que no vamos a pagar un dinero que no tenemos", trató de aclarar ayer la portavoz del PVRE y nueva edil de Urbanismo, Marisol Ayala.

Acuerdo progrmático
El acuerdo, respaldado por la dirección provincial y andaluza del PP, incluye un acuerdo programático de cuatro páginas y uno de gobernabilidad de dos. A grandes rasgos, el pacto tendrá vigencia de tres años y marca compromisos hasta 2015. Entre ellos: la congelación del IBI, la derogación de la ordenanzas que regían el proceso de regularización de viviendas y aplicar "las atenuantes que permita la ley" en la sanciones urbanísticas de suelos urbanizables o no consolidados. "Las zonas donde proliferan estas casas son oportunidades de inversión", sostuvo el alcalde, Ernesto Marín. Niega que este pacto sea "escandaloso" como lo ha definido IU. "El problema de las viviendas ilegales en Chiclana es ya un problema social y hay que resolverlo", resumió. El PSOE aseguró ayer que "respecta" el acuerdo. Su portavoz, José María Román, admitió haber tenido contactos con el PVRE pero nunca en los términos del acuerdo alcanzado con el PP.