Últimos compases del caso Aljaraque de corrupción política con una mala noticia para el PSOE de Huelva en puertas de la campaña electoral del 10-N.
Su máximo responsable y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, está a un paso de sentarse en el banquillo tras observar la juez instructora del caso, María José Fernández Maqueda, indicios de un delito de cohecho por su presunta participación, a finales de 2016, en una operación para frenar la moción de censura que el PP había pactado con dos concejales de Sí Se Puede para desalojar al alcalde socialista de la localidad onubense de Aljaraque.
La juez rechaza los argumentos de las defensas de los cinco investigados en el caso: los concejales de la formación morada Francisco Martín y Pedro Escalante, un sindicalista de CCOO y un directivo de la empresa pública Aguas de Huelva, donde iba a ser contratada la mujer de uno de los ediles morados supuestamente sobornados. El auto de la juez es recurrible ante el mismo juzgado y ante la Audiencia Provincial.
El Partido Socialista de Huelva intentaba ayer quitar relevancia a la decisión judicial, que recurrirá convencido de que "cuando finalice esta fase de instrucción, se concluirá que no ha existido ninguna conducta ilegal".
Según adelantó el diario ABC, la instructora señala que, si bien Caraballo no estuvo en las reuniones en las que se cerró el acuerdo investigado, sólo en la firma del mismo (aunque él no firmó), su nombre aparece en las notas de voz grabadas por el denunciante. En concreto, en esas grabaciones se escucha a uno de los implicados decir que “Caraballo ha dicho que adelante con lo que propusimos anoche (…) él se lo dijo a Ignacio e Ignacio le dijo que claro, que palante, que hablara con el gerente (...) habló con el gerente y ya está, de ahí palante".
