El último auto de la juez Alaya donde parece poner bajo sospecha a todas las empresas públicas de la Administración andaluza y que ya ha sido recurrido por la Junta ha suscitado dudas en el Ministerio Público, que quiere más información. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares, que aclare el auto en el que reclamó a la Intervención General de la Junta de Andalucía los informes adicionales que pudiera haber realizado sobre empresas públicas como Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, la RTVA o "cualquier otra empresa pública para poder determinar si ha podido existir "paralelismo con lo acontecido en la agencia IDEA". En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha elevado recientemente un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pide a la juez instructora que aclare "por qué y para qué finalidad" realiza esta petición en su auto del pasado día 23 de diciembre. Al hilo de ello, las mismas fuentes consultadas han indicado a Europa Press que, una vez la magistrada aclare el auto, la Fiscalía Anticorrupción estudiará si recurre o no la resolución judicial, la cual, cabe recordarlo, ya ha sido recurrida por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía. UNA CAUSA GENERAL Así lo anunció el pasado martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno del año, durante la que detalló que la Junta considera que dicho auto plantea una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley". Según precisó Vázquez, el recurso de apelación se fundamenta en que se trata de un asunto que "ya está siendo investigado" por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y en que la competencia para conocer este caso "sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)". Junto a ello, el gabinete jurídico de la Junta considera "que no existe fundamento alguno para extender la investigación a otras entidades de la Junta" dado que la propia argumentación razonada enviada por la juez Alaya al Supremo dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo". DILACIÓN Y PRESCRIPCIÓN Asimismo, los letrados de la Junta también consideran que el citado auto supone una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por los hechos que se investigan por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos". En su auto, la instructora reclamó a la Consejería de Hacienda de la Junta los "expedientes íntegros, tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía, de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas de la Junta relativos a los años 2005, 2006 y 2007", con sus respectivos anexos, memorias y modificaciones. Al hilo de ello, la juez pidió a la Intervención General los informes adicionales "que se hubiesen realizado en Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Tursama o en cualquier otra empresa pública", todo ello "a fin de determinar el paralelismo entre lo acontecido en la agencia IDEA con lo ocurrido en estas otras empresas públicas".