La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción seis de Sevilla que abra una pieza separada sobre las ayudas públicas que percibió por parte de la Agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, la empresa cordobesa Taller de Libros, propiedad del exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar Manuel Pimentel. Según consta en el escrito de la Fiscalía, fechado el pasado 10 de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico, la acusación, en la que se pide la imputación de Pimentel y otras 24 personas más, sostiene que se usó dinero público procedente de la Agencia IDEA para pagar a los trabajadores de Taller de Libros, una compañía que entró en concurso de acreedores. En concreto, el escrito de la Fiscalía se basa en un atestado de la Guardia Civil. Así, y según el relato de la Fiscalía, Taller de Libros, propiedad de Manuel Pimentel, habría percibido de la Agencia IDEA un total de 300.000 euros cuando ya estaba en concurso de acreedores y debía varias nóminas. Según Anticorrupción, ese dinero fue a parar a dos cuentas que abrieron los responsables del comité de empresa de Taller de Libros, asesorados por CCOO, algo que considera que es "irregular" y que haría que la ayuda fuera "nula de pleno derecho". MALVERSACIÓN, PREVARICACIÓN, FALSEDAD... De hecho, Anticorrupción solicita al Juzgado que impute a Pimentel y a otras 24 personas más por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude. Entre las personas de las que se pide la imputación están, además del exministro de Trabajo, el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Fernández (detenido dos veces), el exdirector general de Trabajo Francisco José Guerrero (que ha estado en prisión preventiva acusado de ser el cerebro de la trama de los ERE), el exdirector general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los miembros del comité de empresa de Taller de Libros y el sindicalista de CCOO Alfonso Nieto. El relato de la Fiscalía y también el del atestado de la Guardia Civil arranca en el año 2005, cuando Graficromo, una histórica empresa cordobesa dedicada a la encuadernación de libros, se declaró en concurso de acreedores. Entonces, se tramitó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que la Junta de Andalucía concedió una aportación de 300.000 euros, cuyo fin fue pagar las indemnizaciones a la veintena de trabajadores que formaba parte de la compañía. En este caso, la Guardia Civil y la Fiscalía coinciden en que el ERE no fue tramitado correctamente y que se hizo de la misma manera del resto de los que forman parte de la trama que durante media década lleva investigando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ahora compartido pero antes en manos de Mercedes Alaya. En el caso Graficromo, la Anticorrupción pide a la jueza que revise cómo se hizo este ERE, al detectar "irregularidades" en su tramitación. UN CONTACTO SINDICAL CLAVE No obstante, de la investigación en Graficromo se desprende otra que ha acabado con las sospechas por parte de Anticorrupción en el exministro de Trabajo Manuel Pimentel. Así, el empresario cordobés creó una empresa que llamó Taller de Libros. Con esta compañía decidió comprar Graficromo, que estaba en liquidación tras no poder superar el concurso de acreedores. La operación se cerró a finales del año 2005 y principios de 2006. Entonces, Pimentel mantuvo reuniones (documentadas por la Guardia Civil según el escrito) tanto con el asesor de CCOO Alfonso Nieto como con el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo Antonio Fernández. Tanto el sindicalista como los representantes de la Junta pidieron a Pimentel que "de manera escalonada" reincorporara a Taller de Libros a los antiguos trabajadores de Graficromo, cuyos contratos ya habían sido extinguidos. Pimentel accedió, según el escrito. Sin embargo, apenas dos años y medio después Taller de Libros también empezó a pasar apuros económicos. En junio de 2008, la empresa solicitó el concurso voluntario de acreedores. En noviembre, firmó un acuerdo con los trabajadores: la suspensión temporal de sus contratos durante seis meses prorrogables a otros 24 más. El objetivo era superar el bache y reflotar la compañía. En su escrito, Anticorrupción señala que en diciembre de 2009, un año después, el Juzgado de lo Mercantil firmó la extinción de estos contratos. Taller de Libros, finalmente, no podía superar el bache económico. UNA PROMESA DE 300.000 EUROS Pero según la Fiscalía, las supuestas irregularidades detectadas ocurrieron antes. Los trabajadores se quedaron sin poder cobrar su salario. Por eso, Pimentel, miembros del comité de empresa y el sindicalista de CCOO mantuvieron dos reuniones, una en diciembre de 2008 y otra en enero de 2009. En ambas citas, y siempre según el escrito de la Fiscalía, el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez (de quien también se propone la imputación) aseguró "de manera verbal" que Taller de Libros percibiría una ayuda de 300.000 euros por parte de la Agencia IDEA. La ayuda se concedió el 15 de enero de 2009, cuando se firmó un convenio con el director de IDEA Jacinto Cañete por el que se aportaban los 300.000 euros a Taller de Libros como ayuda "sociolaboral", según consta en el escrito. La ayuda no fue cobrada por la empresa, que estaba en concurso de acreedores, sino que directamente se abonó al comité de empresa. Anticorrupción señala que para ello se abrió una cuenta corriente a nombre de los sindicalistas en la que se ingresaron dos pagos de 150.000 euros cada uno. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), incorporado al escrito de la Fiscalía, considera que en este procedimiento se ha prescindido "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". En el informe, la IGAE señala que "la documentación obrante carece del más mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos". Por todo ello, Anticorrupción solicita la imputación de Pimentel y de 24 personas más, que habrían participado en la tramitación de este expediente. Además, reclama que se tome declaración en calidad de testigo a otras cinco personas más. La decisión la tiene que tomar ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. PIMENTEL, SEGURO DE SU INOCENCIA Mientras, el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ha confesado en Al Rojo Vivo que está "sorprendido" por la petición de la Fiscalía Anticorrupción a la jueza María Núñez de imputar al exministro en el caso de los ERE irregulares: "No me lo esperaba, estoy seguro de mi inocencia". "Pongo mi brazo por los trabajadores, solicitaron una ayuda que era legal", ha explicado Pimentel, quien reconoce no conocer todavía el posible delito. "Garantizo que no hay nada ilegal", ha asegurado.