Volver a empezar. Dos meses después del fracaso de la primera sesión de investidura de Susana Díaz y cuando queda exactamente otro mes para agotar el plazo estatutario que obliga a convocar elecciones si no hay respaldo parlamentario a ningún aspirante a la Presidencia, la presidenta en funciones vuelve a intentarlo de nuevo, pero esta vez implicándose personalmente en las negociaciones, tal y como, por cierto, le venían exigiendo algunos grupos. En el marco de esa nueva ronda, Susana Díaz ha elegido para su primera cita al presidente del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín. Ambos hablaron este jueves por la mañana y concertaron un encuentro la semana que viene. La intención inicial de Díaz sería, muy en principio, mantener contactos con otros grupos, aunque no está cerrada ninguna otra cita. MADRID Y ANDALUCÍA Ciudadanos parece la opción más verosímil de acuerdo, aunque el PSOE necesitaría que votara afirmativamente, ya que la abstención no sería suficiente si los demás grupos votaran en contra. El mayor escollo para un acuerdo es su exigencia por escrito de que el expresidente Manuel Chaves abandone su escaño de diputado por su imputación provisional en el caso de los ERE. En ese contexto, ambos partidos confían en que el Tribunal Supremo decida en pocos días el destino procesal del expresidente: si su imputación quedara descartada, como apuntan algunas fuentes, el camino para la investidura de Díaz quedaría súbitamente allanado. Ciertamente, hasta ahora Ciudadanos no ha querido facilitar en solitario la investidura de Díaz, ante la cual se habría abstenido de haberlo hecho también Podemos. Pero eso fue antes de las municipales ya autonómicas del 24 de mayo. Ahora, Ciudadanos podría pactar con el PP en una comunidad tan emblemática como Madrid, movimiento que podría compensar pactando con el PSOE en Andalucía y manteniendo así la posición de centralidad en el tablero político que con tanto celo quiere salvaguardar su líder Albert Rivera. Aun así, el pacto en Madrid no está ni mucho menos cerrado. SEVILLA Y LOS PUENTES Días atrás la presidenta habló por teléfono con el presidente del PP, Juan Manuel Moreno, de quien partió la llamada. No trascendió el contenido exacto de su conversación, si bien el hecho mismo de que hablaran se interpretó como un acercamiento de posiciones entre socialistas y populares. Aunque la simple abstención de estos facilitaría la investidura de Díaz, el PP no se ha bajado de su posición de partida, y la única que le permitirá conservar importantes alcaldías: dejar que gobierne la lista más votada. El PSOE rechaza la idea. Preguntado en una entrevista en la cadena SER cómo interpretaría que la izquierda pactara en Sevilla para arrebatar la alcaldía a Juan Ignacio Zoido, Moreno dijo que en ese caso “los puentes se romperán” con el PSOE para facilitar la investidura de Díaz. No obstante, en medios políticos se da por hecho que el PP será desalojado de Sevilla, donde venció al socialista Juan Espadas por apenas 3.000 votos. No ocurre lo mismo en otras capitales, como las del oriente andaluz, donde el PP fue el partido más votado a mucha distancia del Partido Socialista. CON PODEMOS NO SE PUEDE En cuanto a Podemos, último jugador de la partida dado que IU no es aritméticamente determinante, los cauces de comunicación con el PSOE están cegados. El hecho de que Podemos aspire a gobernar en Cádiz, donde fue la primera fuerza de la izquierda y donde podría desalojar de la Alcaldía al PP si el PSOE lo apoya, había disparado las especulaciones favorables a un entendimiento de ambos partidos en el Parlamento andaluz. Sin embargo, no ha sido así en absoluto. El partido de Teresa Rodríguez no piensa modificar ninguna de sus dos exigencias: reducción drástica de altos cargos y asesores y cancelación de las cuentas con los bancos que desahucien a familias sin alternativa. Esta última condición es la más complicada de satisfacer, y mucho más después de que ninguna otra dirección territorial de Podemos la haya incluido como condición para pactar con otros partidos debilitando así el argumento de Rodríguez y los suyos según el cual su aplicación era una mera cuestión de voluntad política sin mayores contraindicaciones jurídicas ni financieras.