Los nueve condenados a penas de prisión en el caso de los ERE esgrimen los incidentes de nulidad planteados ante el Supremo contra la sentencia para solicitar a la Audiencia de Sevilla, encagargada de dictar la fecha de ejecución, la suspensión de su entrada en prisión hasta tanto se resuelvan los mismos.
Paralelamente, la defensa de expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha remitido un escrito a la Audiencia alegando nuevas razones para suspender el ingreso inmediato en prisión que reclama la Fiscalía y apoya el PP como acusación paricular. Argumenta el letrado José María Calero que Griñán "no es un político corrupto", un hecho que resulta “notorio, conocido de todos y que difícilmente pudiera pasar desapercibido para una fiscalía especializada, acostumbrada a conocer políticos corruptos".
El escrito también recalca que "ni siquiera la sentencia condenatoria permite utilizar tal descalificativo respecto de quien es condenado porque 'debió representarse la probabilidad' de la existencia de desvío de fondos de la finalidad presupuestaria. Por ello -añade- las altisonantes menciones a la corrupción política del informe del Fiscal, resultan manifiestamente impropias para ser aplicadas a mi mandante".
El Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, si bien en el caso del expresidente José Antonio Griñán y demás condenados no adscritos a la Consejería de Empleo hubo fuertes discrepancias en la Sala. Dos magistradas de los cinco jueces del tribunal emitieron un contundente voto particular contrario a la condena por malversación, el delito que conlleva cárcel y cuya atribución al expresidente y los otros cuatro ex altos cargos ambas juezas calificaban de “salto en el vacío”.
Por su parte, en su escrito a la Audiencia de Sevilla la defensa del exconsejero Antonio Fernández, condenado a 7 años y 11 meses de prisión, alega que una “recta y armónica interpretación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva” exige posponer la ejecución de la sentencia hasta tanto no se resuelvan los recursos pendientes.
Alfonso Martínez del Hoyo, letrado del exconsejero, sostiene su alegato en el voto particular de los magistrados del Tribunal Constitucional Xiol Rius y Sáez Valcárcel, con ocasión de la sentencia 64/2022, en el cual argumentaban que “la Ley de Enjuiciamiento Crinimal no impone, ni impide, una inmediata ejecución de la pena [en este caso de inhabilitación especial para cargo público] ni tampoco impone, o impide, una suspensión a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional ante una eventual petición de suspensión en un recurso de amparo”.
Ahora, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una nueva providencia, en la que da tres días de plazo a Fiscalía y acusaciones para que se pronuncien sobre dicha petición de suspensión de la pena, tramitada por el expresidente andaluz José Antonio Griñán y los otros ocho condenados a penas de prisión.
La sentencia del Supremo absolvía a tres secretarios generales técnicos inicialmente condenados por la Audiencia de Sevilla y reducía la condena del exdirector general de Trabajo Juan Márquez por apreciar la atenuante analógica de reparación del daño, pero confirmaba las penas de prisión para José Antonio Griñán, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Las defensas solicitan la suspensión de las penas impuestas a los inculpados merced a la interposición en la gran mayoría de los casos de incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo. Por su parte, los fiscales de Anticorrupción consideran que el Código Penal "hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria". En su opinión, la medida de gracia tiene un "carácter excepcional" porque "el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan".
Mientras, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha eludido hoy pronunciarse sobre cuál es la posición del PSOE y la del Gobierno en relación con la petición de indulto que ha realizado la familia del expresidente andaluz, José Antonio Griñán.
Pilar Alegría se ha limitado a decir que "no hay ninguna novedad al respecto" y que desde el PSOE repetan los procesos judiciales. "La solicitud de indulto corresponde a los familiares en el caso de Griñán" y la posición del Ejecutivo es igual ante esta petición como ante la de "cualquier otro ciudadano".
