Una pregunta de nota: ¿puede una ley ser ilegal?
Lo que se discute y deberá esclarecerse en el juicio de la pieza política de los ERE que comenzó el miércoles en la Audiencia de Sevilla habría hecho las delicias de los más sutiles maestros de la escolástica medieval, pues una de las preguntas centrales que sobrevolarán insistentemente durante toda la vista será esta: ¿puede una ley ser ilegal? Que también puede formularse así: ¿pueden delinquir quienes elaboran un proyecto de ley pero no quienes lo convierten efectivamente en ley? Quien expuso ante la sala esta cuestión con más crudeza fue el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero Antonio Fernández, al aludir a la “paradoja esencial” de la instrucción de este caso: que su defendido, pero también la mayoría de los otros 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, están acusados de haber aplicado unas prácticas administrativas y prespuestarias que para la acusación son ilegales pero que nunca lo fueron para el organismo que en toda Administración tiene encomendado el control de legalidad: la Intervención General.
Ciudadanos, el único que no ofrece renta garantizada el 21D
La renta garatizada de ciudadanía es una de las novedosas propuestas en los programas electorales. Seis de las siete candidaturas lo llevan en sus programas electorales. Pero Ciudadanos ni lo menciona. El partido liderado por Inés Arrimadas está en contra de este fórmula y coherente con esto no lo trae en su programa electoral. El resto, sí que lo hace. ERC, liderada por Oriol Junqueras, por ejemplo, asegura en un programa de 81 páginas (con una buena parte para justificar cómo ha gobernado) que pretende "profundizar en la vinculación entre políticas activas y pasivas de ocupación, tanto en el ámbito de la renta garantizada de ciudadanía, como también reclamando el traspaso a la Generalitat de las competencias en la gestión de las prestaciones de paro y otras ayudas y subsidios estatales". En cuanto al programa de JxCat, también se recoge y la coalición liderada por Carles Puigdemont afirma en un texto de 94 páginas que hay que "consolidar el modelo de renta garantizada de ciudadanía como nuevo derecho social que tiene que ir acompañado de un refuerzo de los servicios públicos de ocupación y los servicios sociales y de una revisión, reforma y simplificación si se tercia, del conjunto de prestaciones del sistema de protección social". Aunque las dos primeras páginas están dedicadas a reclamar la restitución del Gobierno cesado en aplicación del 155, el resto son propuestas electorales, con especial énfasis a los servicios sociales.
¿Nadie pedirá perdón?
Tal vez a algunos les pueda parecer una cuestión relativamente menor cuando nos encontramos en el ecuador de una campaña electoral tan anómala e importante como la que vivimos ahora en Catalunya. A mí no me lo parece. La orden de prisión incondicional dictada por la juez de Zaragoza contra Rodrigo Lanza como presunto autor de la muerte Víctor Laínez pone en evidencia la rotunda falsedad de las graves denuncias y acusaciones hechas en el documental 'Ciutat morta' sobre la supuesta inocencia de Rodrigo Lanza y las otras personas que fueron condenadas por la salvaje agresión cometida el 4 de febrero de 2006 contra un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que en el transcurso de una operación policial en un local “okupa” recibió el impacto de una piedra en la cabeza que le provocó la tetraplejia que desde entonces le tiene postrado, sin poder valerse por sí mismo.
La nueva fundación del PP, rival de FAES, consigue 600.000 euros en subvenciones
Hubo un tiempo en el que FAES era parte del PP, incluso mucho más que eso, era la base donde se desarrollaban el pensamiento del partido. Luego llegó la rivalidad publica entre su presidente, José María Aznar, y el que fuera su pupilo y ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y este último decidió romper con FAES. La relación de años, casi de un cuarto de siglo, quedó en el pasado y el PP de Rajoy sustituyó a FAES por la ONG Fundación Humanismo y Democracia. De alguna manera, con el divorcio entre Aznar y Rajoy, llegó también una rivalidad entre ambas organizaciones, una lucha en la que a la nueva think tank del PP no le va nada mal. Y es que, en lo que va de año, la ONG afín al partido ha recibido subvenciones por valor de 592.519 euros. La pregunta es, ¿de dónde vienen esas subvenciones?
El Gobierno coloca al jefe de anticorrupción del PP en Adif por la puerta de atrás
Nuevo tejemaneje de cargos desde el Gobierno del Partido Popular colocando a sus afines en los miles de puestos de la administración sin hacer caso a las mínimas reglas de publicidad o transparencia. Es el caso del exdiputado por Murcia, Andrés Ayala, que se ha sabido ahora que es desde febrero consejero de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), el mayor ente de inversión pública en España, a la vez que compagina su cargo como presidente de la oficina anticorrupción del PP, conocida oficialmente como Oficina del Cargo Popular. El nombramiento no se conoció en su momento en el Portal de la Transparencia ni en la web del Ministerio de Fomento ni en el Boletín Oficial del Estado y sale a la luz ahora por una documentación enviada por Adif a la Bolsa de Irlanda, donde tiene bonos colocados. En este documentos, que fue recogido por eldiario.es, se recoge que Ayala fue nombrado vocal de Adif Alta Velocidad por el Ministerio de Fomento el 17 de febrero, curiosamente pocos días después de entrar en la junta directiva nacional del PP tras su congreso.
