La renta garatizada de ciudadanía es una de las novedosas propuestas en los programas electorales. Seis de las siete candidaturas lo llevan en sus programas electorales. Pero Ciudadanos ni lo menciona. El partido liderado por Inés Arrimadas está en contra de este fórmula y coherente con esto no lo trae en su programa electoral.

El resto, sí que lo hace. ERC, liderada por Oriol Junqueras, por ejemplo, asegura en un programa de 81 páginas (con una buena parte para justificar cómo ha gobernado) que pretende "profundizar en la vinculación entre políticas activas y pasivas de ocupación, tanto en el ámbito de la renta garantizada de ciudadanía, como también reclamando el traspaso a la Generalitat de las competencias en la gestión de las prestaciones de paro y otras ayudas y subsidios estatales".

En cuanto al programa de JxCat, también se  recoge y la coalición liderada por Carles Puigdemont afirma en un texto de 94 páginas que hay que "consolidar el modelo de renta garantizada de ciudadanía como nuevo derecho social que tiene que ir acompañado de un refuerzo de los servicios públicos de ocupación y los servicios sociales y de una revisión, reforma y simplificación si se tercia, del conjunto de prestaciones del sistema de protección social". Aunque las dos primeras páginas están dedicadas a reclamar la restitución del Gobierno cesado en aplicación del 155, el resto son propuestas electorales, con especial énfasis a los servicios sociales.

El PSC, por su parte, lo lleva destacado en su programa de 148 páginas de los socialistas liderados por Miquel Iceta y asegura que "desplegaremos la Ley 14/2017 de Renta Garantizada a partir de la evaluación de su puesta en marcha asegurando los mecanismos de gestión necesarios para su efectiva aplicación y desarrollo. Garantizaremos la dotación técnica y económica suficiente para cumplir los objetivos previstos a la Ley". El PSC desgrana punto por punto todas sus propuestas en materia social.

Más inconcreto es el PP. El partido liderado por Xavier Garcia Albiol, no obstante, entre las 150 propuestas resumidas en 18 páginas, dice que "defenderemos la renta garantizada de ciudadanía vinculada a un itinerario sociolaboral". Las propuestas son como titulares, sin profundizar en ninguno de los casos.

Los Comunes de Xavier Domènech, con el programa más largo de todas las formaciones, pues cuenta con 162 páginas, manifiesta que "garantizar el derecho a la renta garantizada de ciudadanía a todas las personas trabajadoras que tengan unos ingresos salariales inferiores a la cuantía de la renta garantizada, en el muy entendido que la RGC no podrá comportar, en ningún caso, el incumplimiento empresarial de sus obligaciones legales". Los Comunes dedican todo un capítulo de su programa al bienestar social.

Finalmente, la CUP, de Carles Riera, propone una "tributación y fiscaldad justa: redistribución de la riqueza, renta garantizada ciudadana y fiscalización y control de la ciudadanía en todos los servicios públicos". Por eso, en un primer momento, considera que "hay que ampliar e implementar la renta garantizada de ciudadanía". El programa de la CUP tiene 73 páginas. Una parte importante está dedicado a explicar qué ha hecho en el Parlamento este dos años de legislatura.

Como se puede comprobar en los programas, todas las formaciones dedican un apartado especial a las políticas sociales. A pesar de todo, quienes menos profundizan son Ciudadanos y el PP. Mientras que el programa de Ciudadanos no profundiza en las casi 40 medidas apuntadas, más escuet es, todavía, Albiol. Sólo enumera qué piensa hacer dentro de las 150 medidas en 18 páginas.

El resto son explícitos. La defensa de los más débiles de la sociedad es una constante en la línea de socialistas, comunes, republicanos y cupaires. Incluso JxCat dedica un apartado a la cohesión social.

Quizás a las formaciones lideradas por Puigdemont y Junqueras se los puede criticar que muchas de las propuestas que traen en su programa, y que no eran anticonstitucionales, por qué no las han aplicado durante los casi dos años de legislatura. Ambos esgrimen que el Tribunal Constitucional ha paralizado varias iniciativas de cariz social durante esta legislatura.

Todas las formaciones aseguran en sus programas que legislarán a favor de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a los servicios básicos, como lucha contra la probresa energética.