Tal vez a algunos les pueda parecer una cuestión relativamente menor cuando nos encontramos en el ecuador de una campaña electoral tan anómala e importante como la que vivimos ahora en Catalunya. A mí no me lo parece. La orden de prisión incondicional dictada por la juez de Zaragoza contra Rodrigo Lanza como presunto autor de la muerte Víctor Laínez pone en evidencia la rotunda falsedad de las graves denuncias y acusaciones hechas en el documental 'Ciutat morta' sobre la supuesta inocencia de Rodrigo Lanza y las otras personas que fueron condenadas por la salvaje agresión cometida el 4 de febrero de 2006 contra un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que en el transcurso de una operación policial en un local “okupa” recibió el impacto de una piedra en la cabeza que le provocó la tetraplejia que desde entonces le tiene postrado, sin poder valerse por sí mismo.

El documental 'Ciutat morta' cuestionaba tanto el proceso judicial que condenó en firme a los acusados de aquel crimen, y en concreto a Rodrigo Lanza como autor material de aquella salvajada de tan graves consecuencias, como a toda la investigación policial, llevada a cabo conjuntamente por la propia Guardia Urbana como por los Mossos d’Esquadra, llegando incluso a formular unas acusaciones no demostradas de supuestas torturas a los detenidos. Desde el mismo día 4 de febrero de 2006 el movimiento “okupa” dio su apoyo a los acusados y algunos de los dirigentes políticos que gobiernan en la actualidad el Ayuntamiento de Barcelona, comenzando por la alcaldesa Ada Colau, les dieron entonces y les han seguido dando públicamente su apoyo; el hoy teniente de alcalde Jaume Asens fue el abogado defensor de Rodrigo Lanza y como tal tuvo un protagonismo especial en “Ciutat morta”, y tanto él como Ada Colau y otros miembros de su equipo de gobierno municipal contribuyeron con sus aportaciones económicas personales a la financiación de aquel documental infame e infamante, que incluso llegó a atribuir como causa del suicidio de una de las condenadas, Patricia Heras, a su paso por la cárcel.

A pesar de un pronunciamiento público tan insólito como claro por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya avalando en todos sus términos tanto las investigaciones policiales como las resoluciones judiciales, la emisión de aquel documental por la televisión pública autonómica, a través de su Canal 33 y en un horario de máxima audiencia, causó gran impacto en el conjunto de la ciudadanía catalana y dio pábulo a toda clase de infundios sobre supuestas complicidades políticas, en concreto por parte del gobierno municipal de Barcelona presidido entonces por el alcalde socialista Jordi Hereu. Aun fue más escandaloso que el mismo Ayuntamiento de Barcelona, presidido en aquella época ya por el nacionalista Xavier Trias, otorgó al documental 'Ciutat morta' el premio Ciutat de Barcelona de cine, con lo que de hecho concedió una insólita patente de veracidad a todas las acusaciones y denuncias formuladas en aquel filme.

Dos años después...

Han pasado los años, todos los condenados cumplieron sus respectivas condenas de cárcel y, pasados casi doce años de aquella grave agresión contra un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que se produjo el 4 de febrero de 2006 en el barrio barcelonés de Ciutat Vella, Rodrigo Lanza ha vuelto a ser lamentable protagonista de la crónica de sucesos. En este caso no ya con aquel resultado de una tetraplejia sino de la muerte de otra persona, Víctor Laínez, cuyo “crimen” era llevar unos tirantes con la bandera española. Por este solo motivo, tras increparle en el interior de un bar y llamarle “facha”, Rodrigo Lanza le asestó dos golpes mortales en la cabeza y le dejó inerte en la calle, en plena noche y ya sin posibilidad alguna de que fuese reanimado por los servicios sanitarios que acudieron en su socorro.

Poco o nada importa la filiación ideológica o política de la víctima y su verdugo. Tampoco importaría si fuese la opuesta, aunque me permito preguntar cuál hubiese sido la reacción de algunos de los que ahora apenas condenan este homicidio, tal vez asesinato, si el agresor hubiese sido un falangista, como lo era Víctor Laínez, y su víctima hubiera sido un “okupa” o cualquier otro tipo de antisistema. Lo extremadamente grave es que ni uno solo de los que cantaron las excelencias de “Ciutat morta” y compartieron sus mendaces acusaciones y denuncias sin prueba ni fundamento que las avalasen, ahora se mantienen en un silencio cómplice, sin tener la dignidad personal y política de pedir perdón. Políticos y formaciones políticas, periodistas y medios de comunicación, ciudadanos de todo tipo y condición que entonces se sumaron a la vergonzosa campaña de intoxicación contra el gobierno municipal socialista de Barcelona, contra los tribunales de justicia, contra los cuerpos policiales, incluso contra la principal víctima de aquella cobarde y salvaje agresión criminal, no han tenido, y mucho me temo que no tendrán jamás, ni tan siquiera el mínimo coraje que exige pedir perdón.