La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha emitido su informe sobre el grado de privatización de los sistemas públicos de salud en el que sitúa a Andalucía entre las comunidades autónomas con menor grado de privatización. Por el contrario, Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia lideran este ranking que evalúa aspectos de aseguramiento, financiación privada en seguros sanitarios o el dinero que el sector público transfiere a empresas sanitarias privadas. Esta entidad de defensa de los sistemas de salud públicos, gran impulsora de las mareas de batas blancas que vienen denunciado la privatización de la sanidad en España y que lograron el histórico fallo judicial que frenó los planes privatizadores de Esperanza Aguirre en Madrid, clasifica en su informe a las comunidades autónomas en tres grupos: elevado grado de privatización, intermedio y bajo. Así, Madrid obtiene una puntuación de 23 y Andalucía sólo de 12, casi la mitad. No obstante, el documento también asegura que ha avanzado en todas las regiones la privatización del sistema público de salud. En la misma liga que Andalucía, regiones con bajo grado de privatización, se encuentran Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, siendo la comunidad extremeña la que tiene el sistema sanitario más público del todo el país. Detrás de las comunidades campeonas en la privatización, están muy de cerca las regiones con grado intermedio de privatización: País Vasco, Canarias, Navarra y Valencia, Asturias, La Rioja, Aragón y Murcia. No obstante, el informe denuncia el oscurantismo que existe a la hora de poder analizar detalladamente las transferencias de dinero público a la sanidad privada y también detalla que los datos no evalúan las privatizaciones que hayan tenido lugar después de las elecciones autonómicas de mayo de 2015. La primera comunidad autónoma que abre de par en par las puertas de la sanidad pública al sector privado es Cataluña, con la aprobación de su Ley de Ordenación Sanitaria en 1990 y Jordi Puyol como presidente de la Generalitat . No obstante, la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública recuerda en su documento que la privatización sanitaria es un hecho que viene dándose progresivamente en todo el Estado desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986. Igualmente, el informe recalca que desde 2001, año en que se transfirieron las competencias sanitarias desde el Estado central a todas las comunidades autónomas, el proceso privatizador se ha acelerado.