Luciano Alonso, ha informado en el Parlamento de que su departamento ha analizado 5.153 expedientes de subvenciones a cursos de Formación para el Empleo, lo que supone el 60,5% del total de 8.505 casos pendientes de tramitar. Alonso ha reiterado que se lleva a cabo un sistema de análisis "individualizado y completo" de cada uno de los expedientes, "documento a documento, factura a factura, curso a curso".
De estos 5.153 expedientes que se están analizando, 3.051 están en requerimiento de documentación, estudio o inicio de reintegro; 1.462 han sido resueltos, es decir, se han justificado correctamente, y para 640 se han propuesto resoluciones definitivas de reintegro.
Comparecencia parlamentaria
Alonso ha destacado que en un mes, desde su anterior comparecencia parlamentaria, hay 788 expedientes más sobre los que los técnicos ya están trabajando. De éstos 547 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro; 182 se han resuelto, justificado correctamente y, una vez cerrada su tramitación administrativa, se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono; y para 59 expedientes hay propuesta de resolución definitiva de reintegro por importe de 1.923.812,75 euros. Esta cantidad tendrá que devolverse a las arcas públicas al ser fiscalizadas por la Intervención General y reclamados posteriormente por la Agencia Tributaria.
El consejero ha explicado que el análisis se inició por las convocatorias más antiguas, desde el año 2007 hasta hoy, con el objetivo de que no prescribieran los expedientes, y con la única excepción de los consorcios escuelas "para evitar la pérdida tanto de empleo como de cursos que son un referente en nuestra comunidad".
De esta forma, los expedientes de tramitación de los consorcios escuelas ya se han estudiado en su totalidad y están todos remitidos a Intervención para su fiscalización. Al respecto, el titular de Educación ha subrayado la entrada en funcionamiento el próximo 7 de enero de 2015 de un nuevo modelo "que garantizará tanto la estabilidad de sus trabajadores como un buen servicio público formativo", así como la viabilidad económica de los mismos.
Frente a esta situación, Alonso ha invitado al Gobierno central y a las comunidades autónomas a que sigan el ejemplo de transparencia y rigor con que Andalucía acomete la ordenación del pasado sobre los cursos de Formación Profesional para el Empleo, moderniza la nueva oferta formativa y planifica el futuro con criterios innovadores a través de la futura ley.
Interventor específico
Por otro lado, Luciano Alonso ha informado de la incorporación de un interventor específico dedicado en exclusiva a la fiscalización de los expedientes de FP para el Empleo y que depende directamente de la Intervención General. Su trabajo, junto a un equipo de técnicos de la Intervención General, permitirá "agilizar dentro de la más absoluta rigurosidad la tramitación de dichos expedientes", ha indicado el consejero.
El titular de Educación ha recordado que la propuesta de contar con un interventor específico partió del Parlamento, al que ha agradecido la propuesta porque, sin duda, viene "a sumar más eficacia y eficiencia al trabajo que ya se lleva a cabo".
El consejero ha incidido igualmente en la colaboración permanente de la Junta con la Justicia, y ha informado de que las personaciones de la administración autonómica, como parte afectada e interesada, se elevan a once procedimientos judiciales en curso al sumarse cinco casos más.
Las nuevas personaciones corresponden a las diligencias previas incoadas en relación con el NIG 915499/14 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, por la investigación de determinadas actuaciones delictivas relacionadas con subvenciones en materia de formación para el empleo; en las diligencias previas 4199/14 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga; en las diligencias previas 6755/13 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla; en las diligencias previas 919499/14 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería; y en las diligencias previas 2583/14 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.
Respecto a la anunciada publicación de los expedientes de reintegro con nombres de beneficiarios y cantidades como se había solicitado desde el Parlamento, Alonso ha explicado que un informe del Gabinete Jurídico de la Junta argumenta que esto puede conllevar una vulneración en la normativa de la protección de datos.
Informe jurídico contrario a la publicación
El citado informe del Gabinete Jurídico advierte, en primer lugar, de que habría que distinguir entre personas físicas y personas jurídicas, ya que aunque las normas de protección de datos no son de aplicación a la información referida a las personas jurídicas, ello no significa que la publicación de información relativa a las mismas no pueda generar algún tipo de responsabilidad a la administración autora de dicha publicación.
En segundo lugar, el Gabinete Jurídico pone de manifiesto que, una vez advertida esa distinción en lo que respecta a las personas físicas, sería preciso recabar su consentimiento con carácter previo a la publicación de datos de carácter personal, siendo así, que en el caso de procederse a la disociación de datos al que alude el artículo 15.4 de la Ley de Transparencia, ello no estaría exento de problemas.
Además, el consejero ha subrayado que hay que tener en cuenta que estas resoluciones definitivas de reintegro no son firmes aún, ya que el tercero beneficiario tiene la opción del correspondiente recurso contencioso administrativo.
Atención mediática
También se ha referido Alonso a que previo a este informe se recibieron diversos escritos por parte de empresas de Formación Profesional, donde se instaba a la no publicación de las resoluciones porque podían verse afectadas "debido a la atención mediática negativa que, según sus palabras, se está produciendo sobre la materia de la formación profesional para el empleo".
CEA
La publicación causaría, según las empresas de FP, "un perjuicio para la imagen de las mismas, la cuales basan su negocio fundamentalmente en la confianza y la seguridad de la prestación del servicio de formación a la ciudadanía". Igualmente, la no publicación se ha solicitado desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, argumentando tanto una posible vulneración de la protección de datos como "los graves efectos para la imagen y, por tanto, la supervivencia de las empresas del sector".
Ante el informe jurídico que desaconseja hacer público las resoluciones y la petición expresa de las entidades y empresas afectadas, Alonso ha indicado que no procede la publicación "porque prevalece la seguridad de terceros y el interés general".
No más exoneraciones
Por otro lado, el consejero ha insistido en que desde que asumiera como consejero de Educación las competencias en esta materia no se ha efectuado ni una sola exoneración o exceptuación, como tampoco se ha procedido a ninguna convocatoria de ayudas.
Asimismo, Alonso ha recordado que las exceptuaciones hasta ahora conocidas ascienden a 2.550 entidades públicas y privadas, "que han sido publicadas en un ejercicio de transparencia". Además, ha reiterado que las exceptuaciones no están exentas de justificar el dinero público adjudicado, y de hecho muchas de ellas están en tramitación.
