Al igual que, a medida que va desarrollándose el banquete, los invitados de una boda se entregan cada vez más veces sin rubor ni contención a corear el inevitable ‘¡que se besen, que se besen!’, se diría que nada les gustaría más a los parlamentarios andaluces que dejarse llevar por su impaciencia y ponerse a corear, todos a una, ‘¡que lo diga, que lo diga!’. ¿Que diga quién qué cosa? El quién es la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el qué es si adelantará o no las elecciones autonómicas.

La aprobación ayer por el Parlamento de tres importantes leyes –Igualdad, Cambio Climático y Audiovisual– es una buena noticia para el Gobierno de Díaz porque proyecta una imagen de estabilidad política, pero tiene el inconveniente de restar verosimilitud a un adelanto electoral justificado en la inestabilidad.

En la sesión de control a la presidenta celebrada hoy en el Parlamento, todos los intervinientes, unos de modo explícito como Antonio Maíllo o Juanma Moreno y otros de modo tácito como Juan Marín o Teresa Rodríguez, han vuelto a hablar de elecciones. A unos y otros les resulta ya casi imposible no hablar de ellas.

Dos fechas, quizá tres

En las especulaciones en torno a la cita electoral pierde peso el 25 de noviembre, al coincidir esta fecha con el Día Internacional contra la Violencia de Género y con las movilizaciones feministas previstas para esa jornada, mientras que gana enteros el 2 de diciembre. En este último caso, la fecha tope de Díaz para firmar la convocatoria es el 9 de octubre, ya que tienen que transcurrir como mínimo 54 días entre la interrupción de la legislatura y la celebración de elecciones.

También sería posible celebrarlas el 9 de diciembre, pero es el último día del puente de la Constitución y la Inmaculada y, por tanto, poco aconsejable para el llamamiento a las urnas, con miles de ciudadanos regresando a casa en plena operación retorno. Menos inconveniente tendría llevarlas al domingo siguiente, 16 de diciembre, pues a fin de cuentas ya ha habido dos elecciones a las puertas de la Navidad: las legislativas de 2015 y las catalanas de 2016, y en ninguna de ellas se resintió la participación.

La incógnita agonizante

Aun así, el principal inconveniente de postergar más allá del día 9 de octubre la decisión de adelantar es que no seria fácil de explicar por qué tanto retraso, manteniendo viva pero con respiración asistida una incógnita agonizante. Periodistas, políticos y líderes sociales –invitados de honor al banquete electoral– están cansados y tienen cierto derecho –aunque tampoco mucho, la verdad– a esperar que la perdiz del adelanto deje de marearse de una vez por todas. 

Algunas fuentes bien informadas pero no infalibles aseguran que a principios de esta semana Susana Díaz todavía no había tomado una decisión. La presidenta no está simulando unas dudas que en realidad no tendría, sino que sigue escuchando opiniones y sopesando pros y contras.

De no hacer efectiva la convocatoria de manera inmediata, casi mejor descartar todo adelanto: no tendría mucho sentido celebrar las elecciones a finales de enero o en el mes de febrero, fechas que estarían tan próximas al mes de marzo, que es cuando tocan, que en tal caso no valdría la pena arrostrar el riesgo que suele conllevar todo adelanto.

Gestión de expectativas

De cualquier modo, sonaría bastante extraño, cuando no irrespetuoso, que Díaz se descolgara ahora con que descarta el adelanto electoral. Al no haber desvelado mucho antes esa decisión, parecería que había estado jugando con las expectativas de la Cámara y de la opinión pública.

A estas alturas de la legislatura, el runrún electoral de los últimos meses se ha convertido en un estruendo que no deja oír nada mas y ahoga –o contamina– sin remedio los demás sonidos de la gestión gubernamental. Parece, pues, que los pros son más numerosos que los contras.

Escaños en el alero

La decisión, en todo caso, no es fácil: a fin de cuentas los tiempos han demostrado ser lo bastante volátiles como para que esté perfectamente justificado desconfiar de las encuestas, y eso que las que manejan los partidos coinciden básicamente en sus pronósticos: el PSOE en el entorno del 30 por ciento y el PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía –Podemos más Izquierda Unida– en el entorno del 20 por ciento, aunque resulta extremadamente aventurado calcular los escaños que podría obtener cada uno.

Un ejemplo: cinco de los últimos ocho escaños –uno por provincia– a repartir en las elecciones de 2015 fueron a parar al Partido Socialista porque el cómputo de restos le fue favorable, pero pequeñas diferencias de votos con respecto a hace tres años podrían fácilmente modificar el destino final de esos escaños. Para los socialistas, perder unas décimas podría traducirse en la pérdida de un buen puñado de diputados. Parece improbable tanto que sus expectativas mejoren si la legislatura se alarga como que empeoren si se interrumpe.