Ambos se llaman Antonio Fernández García pero se diría que no son la misma persona: media todo un abismo entre el maquiavélico prevaricador dibujado por la juez Alaya en el auto con el que lo mandó a prisión en la primavera de 2012 y el doliente pero digno procesado que seis años después ha contestado a las preguntas del fiscal.

El exconsejero de Empleo se pasó cuatro meses en prisión hasta que, con ayuda de familiares y amigos, logró reunir los 450.000 euros de fianza en que la prisión incondicional dictada inicialmente por Alaya fue rebajada por la Audiencia de Sevilla, que aun así dio por buena la hipótesis de la instructora del riesgo de fuga (“con sus familiares más próximos”) ya que el imputado había desempeñado “importantes cargos públicos” en los que cobraba “con importantes salarios mensuales”.

Una construcción sugerente

Al igual que ha sucedido en otras sesiones de la causa por la denominada pieza política de los ERE que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta, en la de este Lunes Santo también se han evidenciado las dificultades de la Fiscalía para probar los gravísimos delitos de que acusa al exconsejero –pide para él ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación– y, retrospectivamente, ha confirmado la impresión de que aquel auto de prisión de Alaya pudo estar basado, más que en sólidos indicios delictivos, en una “construcción sugerente”, según la expresión acuñada por la Audiencia de Sevilla en 2013 cuando rechazó el primer auto de imputación de la exconsejera Magdalena Álvarez.

Las heridas

Desde aquel encarcelamiento, Antonio Fernández no ha vuelto a ser el mismo. Nadie lo sería en su caso. Aunque, más allá de las reales o fingidas lagunas de memoria, el procesado ha respondido coherentemente con prontitud y sin titubeos a la mayor parte de las preguntas del fiscal, en el transcurso del interrogatorio de este Lunes de Pasión se ha visto a un hombre profundamente marcado por el estigma del oprobio.

Ni siquiera una virtual absolución podrá curar las hondas heridas infligidas a lo largo de la interminable instrucción del caso.

La huella

En lo fundamental, la declaración de Fernández se ha parecido bastante a las de quienes le han antecedido en el estrado. También el exconsejero ha utilizado un argumento ya recurrente: el de que “no es ni pensable” que ningún gobernante se dedique a hacer lo que el fiscal da por supuesto que hicieron los políticos de la Junta durante diez años: nada menos que eludir las leyes y burlar los controles en un espacio administrativo, recalcó Fernández, “con poderes y contrapoderes y donde cualquier acción tiene su recorrido y su huella”.

La legislación

Tras dejar constancia de que no ratificaría su declaración ante Mercedes Alaya, “aunque eso no significa que no dijera la verdad, pues la dije entonces y la diré ahora”, Fernández se afanó en esclarecer que las ayudas concedidas por la Junta estaban sobradamente amparadas por la legislación nacional y autonómica, además de estar incluidas en las sucesivas leyes de presupuestos.

Además de las órdenes ministeriales del 94 y 95, dijo, existía un reglamento general de subvenciones y de ayudas públicas, desarrollado en el decreto 254/2001 de 20 de noviembre de 2001.

Los técnicos

Preguntado por las diferencias en la fiscalización de las subvenciones excepcionales y de las ayudas públicas, el exconsejero admitió que entonces no lo sabía pero que ahora se había convertido “casi un erudito en la materia”: en esencia, las primeras no estarían sometidas al requisito de publicidad y concurrencia, pues se otorgaban a demanda siempre que los solicitantes cumplieran determinados requisitos.

Fernández desvió en varias de sus respuestas la responsabilidad del procedimiento utilizado a los técnicos de la consejería. ¿Leía todos los informes o reparos de la Intervención? No necesariamente, aclaró, pues para eso estaban los profesionales de los servicios técnicos, que lo habrían alertado de cualquier irregularidad.

Documentos en pantalla

Gran parte del interrogatorio fue espeso, rondando lo abstruso. En ocasiones no era fácil seguir el hilo de las preguntas y las respuestas porque ambas estaban muchas veces referenciadas a documentos que el fiscal le mostraba al encausado en la pantalla pero que ninguno de los dos leía en voz alta.

No estaría de más, por cierto, que el puntilloso presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, ordenara que, en tales casos, sean leídos los documentos para que todos los asistentes sepan de qué se está preguntando y respondiendo.

Nada nuevo

Fernández negó que el convenio marco firmado en 2001 entre Empleo y el IFA fuera ni siquiera original. En realidad, la fórmula de que las ayudas de Empleo las pagara el IFA se venía aplicando, dijo, desde hacía varios años: “El modelo de convenio sigue la tradición inaugurada en el 99”.

El exconsejero descartó, en todo caso, que el origen del convenio fuera eludir los controles de la Intervención: “El IFA todo lo hacía de conformidad a la ley”.

Nada raro

A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, el exconsejero intentó convencerlo de que nunca hubo hada oscuro en el hecho de que se trabajara en un proyecto específico de decreto de ayudas que finalmente no salió adelante: “Simplemente no fuimos capaces de resolver las objeciones planteadas”, referidas una al rango de la norma y otra, más importante, a la ficha presupuestaria, imposible debido a “la imprevisibilidad del gasto, ya que no podíamos conocer de antemano qué crisis de empresas se producirían”.

Varias veces, siete u ocho, ocurrió lo mismo, se justificó Fernández: proyectos de normas o decretos que no pasaron el filtro de los reparos jurídicos.

Dos pozos recurrentes

El fiscal también intentó sacar agua de dos pozos, ya recurrentes en la vista: el de las modificaciones presupuestarias y el de las transferencias de financiación, que era el método para allegar fondos al IFA/IDEA con los que pagaba las ayudas. Ninguno de ellos dio mucho de sí.

¿Tenía conocimiento Fernández de si la transferencia de financiación tenía una fiscalización distinta a la de un expediente de subvenciones? “No sé decirle porque no soy especialista”. ¿Era consciente de que se allegaban fondos al IFA mediante transferencias de financiación y de la fiscalización que estas tenían? “No estaba yo en la preocupación esa porque no me correspondía, pero se fiscalizaban por la Intervención Delegada”.

El cerco

La declaración de Fernández ante el fiscal y luego ante su abogado continuará este martes, ya que fue suspendida por el presidente del tribunal hacia las dos de la tarde, antes de lo habitual, en atención a los problemas de garganta que padece el exconsejero y que han retrasado su comparecencia varias semanas.

En las respuestas de Fernández hubo ciertas lagunas e incluso alguna inconcreción, pero en general no puede decirse que pasara un mal rato ante el cerco al que intentó someterlo la Fiscalía.

Un caso difícil

En todo caso, de la sesión de hoy no se desprende una conclusión clara. Aunque a la instructora Alaya todo le pareciera diáfano, los jueces de este caso no van a tenerlo fácil. Nada fácil.

¿Hubo ayudas injustificadas que se otorgaron con ligereza, arbitrariedad o clientelismo? A estas alturas pocos lo negarían. Pero en esta complicada vista oral no es eso lo que se dirime, sino si Antonio Fernández y los 21 restantes encausados crearon y mantuvieron un procedimiento deliberadamente ilegal entre 2001 y 2011 para repartir de forma presuntamente arbitraria –y sin que el Parlamento, la Intervención o la Cámara de Cuentas sospecharan nada– más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, de los que, según la Fiscalía, se pagaron efectivamente 741.