La propuesta del PP en materia de financiación autonómica aspira a que Andalucía disfrute de “un nivel de prestación de servicios públicos igual a aquella comunidad que mejor servicios preste”. Aunque en eso coincide con el resto de grupos políticos, se resiste a dar el paso siguiente, que sí dan claramente los tres partidos de la izquierda: plantear al Gobierno que inyecte más dinero en el sistema para suplir una infrafinanciación que PSOE, IU y Podemos cifran globalmente entre 16.000 y 20.000 millones de euros.

El documento de los populares, registrado ayer en el Parlamento, está abierto a que la tasa de paro o el índice de pobreza se tengan en cuenta a la hora de fijar la población ajustada, cuyas necesidades de ayuda pública son obviamente superiores si su nivel de renta está muy por debajo de la media.

"Freír a impuestos"

De la lectura del documento del Partido Popular no se conluye que sea imposible alcanzar una posición común. El consenso puede que dependa finalmente más del talante con que se afronten las negociaciones entre los diferentes grupos que de las discrepancias de partida entre ellos, que sin duda existen pero que no son insalvables si no se desea que lo sean.

En todo caso, las palabras de ayer de la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, no invitaban al optimismo. López acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de “mentir más que habla” sobre el modelo de financiación autonómica. El Partido Popular, dijo la número dos, está “dispuesto a llegar a un acuerdo” pero lo que “no va a permitir es freír a impuestos a los andaluces”, que es “lo que quiere el PSOE”.

Suficiencia financiera

Sobre la suficiencia financiera, el documento del PP se muestra coincidente en apariencia con los de otros grupos pero introduciendo las suficientes cautelas como para no poner en apuros al Gobierno central: puesto que los recursos disponibles “son limitados (y fluctuantes) y las necesidades son (o pueden llegar a ser) infinitas, el concepto de suficiencia debe quedar delimitado por las necesidades que se quieren cubrir con los recursos que se tengan disponibles", dice el texto, que vuelve a insistir en que debe haber un acuerdo nacional entre el PP y el PSOE para que el modelo salga adelante.

En la nivelación de los servicios prestados a los ciudadanos vivan donde vivan, el PP coincide con el resto de partidos en defender “la igualdad de financiación per cápita a competencias homogéneas”, de forma que “ninguna quede financiada por encima o por debajo de la media". Ahora bien, al mismo tiempo alerta de que los gobiernos autonómicos deben ser eficientes y no aumentar desmesuradamente el sector público, un precepto con el que también coincide Ciudadanos.

Los populares tampoco comparten con el resto de fuerzas que haya un incremento de la participación de las autonomías en la recaudación del IVA y los Impuestos Especiales. La negativa tiene explicación en clave interna: apoyar esa propuesta equivale a reducir significativamente el trozo de tarta presupuestaria que gestionaría el Gobierno central.

La propuesta de Cs

En cuanto a Ciudadanos, su presidente Juan Marín explicaba ayer que “es necesario reformar el sistema de financiación autonómica por ser opaco, poco transparente y no incentivar la lealtad institucional ni la corresponsabilidad fiscal”.

El partido naranja comparte con los demás grupos que el sistema “garantice la suficiencia financiera de los servicios básicos esenciales de todos los españoles”, pero “casi con total seguridad emitiremos un voto particular porque hay cuestiones que nos diferencian del resto”, reiteró ayer Marín.

El líder de Ciudadanos Andalucía comparte los criterios de otros partidos para calcular la población ajustada, pero también quiere incluir entre esas variables “el coste de la vida, es decir, el precio que realmente tiene en cada comunidad autónoma la prestación de un servicio”.