No fue suficiente la indulgencia de PP y Ciudadanos con su abstención para que saliera adelante la propuesta de Podemos de promulgar una 'Ley de información a los consumidores sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo'. La proposición legislativa no será tramitada porque los 47 diputados socialistas votaron en contra y solo lo hicieron a favor los 20 de Podemos e Izquierda Unida.

La intención legislativa de Podemos era, como ya sucede en Extremadura, obligar a los bancos a revelar a los usuarios si la entidad con la que suscribieron el préstamo ha vendido el mismo a fondos de titulizaciones, lo que en teoría podría paralizar los desahucios al no ser ya el banco el dueño de la hipoteca. Distintas sentencias han archivado procedimientos de desahucios al constatar que el banco no ya no era el dueño de la hipoteca. Obviamente, si el desahucio es instado por el fondo de titulizaciones como nuevo propietario, el procedimiento sigue adelante.

Todos cómplices

En opinión, tal vez algo desmesurada, de la líder de Podemos Teresa Rodríguez, el fracaso de la tramitación de la Ley de Titulizaciones convierte a PSOE, PP y Ciudadanos Ciudadanos y PP nada menos que en “cómplices de cada uno de los desahucios que se produzcan en Andalucía por falta de información a partir de mañana". Rodríguez subrayó el argumento más recurrente de su grupo: “Es una ley que es muy sencilla, muy simple, que lo único que garantiza es el derecho al acceso a la información".

Defendió, con brillantez aunque no con éxito, la propuesta ante la Cámara el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe, que argumentó que la “prueba de la titularidad no nos cuesta nada y, en cambio, si el ciudadano no tiene toda la información no tendrá ocasión de defenderse”.

Frente a quienes sostienen que la actual legislación andaluza es suficiente, Moreno retó a sus señorías a que le dijeran de “algún andaluz que haya recibido una notificación” de su banco informándole del cambio de titularidad del propietario de su hipoteca.

En Extremadura, sí

El diputado de la formación morada recordó que en Extremadura PSOE, Ciudadanos e incluso el PP, aunque este último con reparos, sí votaron a favor de la tramitación de una ley similar que la comunidad vecina está próxima a aprobar. “El asunto es muy serio, dejen a un lado la soberbia y voten en conciencia para garantizar que cuando un andaluz vaya a preguntar a un banco si sigue siendo la otra parte de su contrato, se lo digan”, dijo Moreno.

De la misma opinión fue la portavoz adjunta de IULV-CA Elena Cortés, para quien la propuesta de Podemos intentaba combatir lo que para su grupo rozaría “la estafa” al convertir el derecho a la vivienda "en una mercancía".

El PSOE no lo ve

No convencieron todas estas razones al diputado socialista José Latorre, que en nombre de su grupo reprochó a Podemos no reconocer que su propuesta llegaba tarde porque en 2015 la Junta ya era conocedora de este problema y por eso, “para que estos casos no volvieran a darse en Andalucía” desarrolló la 'Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda'.

Según Latorre, la proposición de Podemos se quedaba “corta en la protección de los derechos de los usuarios" porque cuando se cede una hipoteca pero no es en régimen de titulización "el consumidor también tiene derecho a saber quién es el titular de la hipoteca".

PP y Cs se ponen de perfil

Aunque su grupo se abstuvo en la votación, el parlamentario Miguel Ángel García Anguita utilizó el mismo argumento de Latorre de que ya había una ley que regulaba esta cuestión, si bien admitió que "hay cosas que se están incumpliendo”. De aprobarse la ley de Podemos, Andalucía tendría “dos normas con rango de ley que regularían la misma materia".

Carlos Hernández White salió, en representación Ciudadanos, en defensa del buen nombre de la banca para combatir generalizaciones según las cuales “parece que todo es malo y todos los préstamos hipotecarios son una estafa, y no es así”.

La ley

La proposición de ley de Podemos garantizaba en su articulado el derecho del consumidor a reclamar a su banco información sobre la titulización de su préstamo hipotecario, pero también y el deber de la entidad a informar a sus clientes en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Previamente, el texto definía como hipoteca titulizada “aquel préstamo con garantía hipotecaria contratado por un consumidor con una entidad de crédito cuya actuación en Andalucía se halle sujeta a la supervisión del Banco de España, que hayan sido cedidos por cualquier título a un fondo de titulización”.

De haber salido adelante la ley, que incluía un régimen sancionador, las entidades que hubieran cedido un crédito hipotecario u ordinario a un fondo de titulización deberían informar de oficio y por escrito o por correo electrónico de esta cesión al consumidor con el que hubieren firmado el contrato de préstamo garantizado con hipoteca u otro tipo de préstamo con distinta garantía o sin garantía.