El caso de Juana Rivas no ha concluido. No al menos en su deriva política. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha propuesto hoy modificar "cuanto antes" la ley para impedir que los padres maltratadores puedan tener la custodia de sus hijos. Si ese precepto estuviera incluido en la ley, casos como el de Juana Rivas no podrían repetirse ya que su expareja y padre de sus dos hijos fue condenado en 2009 por maltrato a Juana.
Sobre el caso concreto de la madre de Maracena, la presidenta andaluza ha sido contundente: "No se puede culpabilizar a la víctima cuando hay una sentencia firme que dictamina con claridad que esa señora sufrió violencia a manos de su expareja".
Aunque Díaz ha recalcado que siempre estará con lo que decidan los tribunales de justicia en el caso de la madre de Maracena, ha añadido que no debe volver “a suceder que un hombre con sentencia firme por haber maltratado a su pareja tenga la custodia de sus hijos". Sin embargo, hoy por hoy “ampara eso”.
El Pacto de Estado ya lo pide
La presidenta ha recordado que el propio Pacto de Estado contra la violencia machista, firmado recientemente por los partidos en el Congreso de los Diputados, también apunta en la misma dirección de un cambio legislativo: "Un buen padre no maltrata a una madre, por eso todos acordaron en el Pacto de Estado que no era posible que tuviera su custodia quien maltrata a su madre".
Esa modificación legislativa pertenece al ámbito estatal y es ahí donde debe llevarse a cabo, dijo Díaz, quien también elogió el papel del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por haber sido "pionero en la consideración de la violencia de género como un problema social que dejó de ser violencia doméstica y pasó a ser reconocida como lo que era, un terrorismo machista, que sufren nuestras mujeres".
El fiscal cambia de criterio
Por otra parte, la Fiscalía ha cambiado radicalmente de criterio retirando el recurso contra la puesta en libertad el pasado martes de Juana Rivas en el que exigía su ingreso en prisión sin fianza. El fiscal opina ahora que la "situación presuntamente delictiva" de la madre ya no existe, después de que acatara el mandato judicial que la obligaba a devolver a sus hijos al padre.
