El peritaje judicial del caso de los ERE llevado a cabo a petición de la juez Mercedes Alaya por funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no fue un peritaje judicial cualquiera. Y no solo por su naturaleza extremadamente técnica y de difícil comprensión para profanos en la materia. El dictamen fue demoledor con la Junta de Andalucía y absolutamente decisivo para sentar en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y una veintena más de altos cargos autonómicos.

Fueron esos mismos peritos del Estado quienes, al mismo tiempo, siempre calificaron de absolutamente escrupulosa la actuación de altos cargos del Gobierno de José María Aznar en la gestión del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, donde Junta y Estado pagaron ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones de euros.

Neutralidad total. O no

La neutralidad de la IGAE, tantas veces puesta en duda por las defensas de los procesados, ha quedado esta semana puesta bajo sospecha de manera ‘oficial’ en un auto la juez María Núñez que no considera precisamente escrupulosa la gestión del Ministerio de Trabajo, hasta el punto de imputar por prevaricación y malversación a las entonces altos cargos Carmen de Miguel y Soledad Córdova. Ambas habrían permitido, según la juez, “la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

Sin embargo, en su declaración de marzo de 2015 ante la entonces juez instructora de la macrocausa Mercedes Alaya y todavía antes en su detallado informe de cientos de páginas, los peritos dependientes del Ministerio de Hacienda defendieron los pagos hechos por el Gobierno central en el ERE de la Faja Pirítica.

Todo correcto. O no

"Mientras en el Estado las ayudas fueron intervenidas y comprobados los requisitos de todos los perceptores, la Junta de Andalucía lo dejó en manos de los sindicatos", declararon los peritos ante la juez Alaya, en coincidencia por cierto con la tesis general de la propia instructora, según la cual el Gobierno andaluz urdió y aplicó durante diez años un mecanismo deliberadamente ilegal y opaco para financiar las ayudas sociolaborales eludiendo su fiscalización previa.

Ese procedimiento habría posibilitado el fraude generalizado y la inclusión de intrusos que se beneficiaron de ayudas públicas sin tener derecho a ello, bien por no haber trabajado en las empresas en crisis, bien por haberlo hecho menos tiempo o en condiciones menos penosas de lo certificado en sus expedientes.

El auto de la juez Núñez –que también imputa a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT, Manuel Pastrana, y de CCOO, Francisco Carbonero– resulta muy embarazoso para la tesis sostenida por los peritos de la IGAE: la nueva pieza separada concluye que en 51 de las 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva no se cumplían los requisitos de los 55 años "bonificados" para recibirlas.

Papeles que no llegaron a tiempo

Inicialmente, el primer atestado policial sobre la actuación de dichos altos cargos del Gobierno central los exculpaba porque los agentes no dispusieron de los expedientes completos del Ministerio de Trabajo, que este no remitió al Juzgado hasta una fecha tan tardía como mayo de 2015. Ya con toda la información en su poder, el nuevo atestado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva sí encontró indicios delictivos a los que, a su vez, la juez Núñez y la Fiscalía han otorgado verosimilitud.

De hecho, Núñez no ha llegado a descartar la opción de llamar a declarar a la exdelegada del Gobierno en Andalucía y hoy diputada del PP, Carmen Crespo, para aclarar por qué el Ministerio de Trabajo no facilitó toda la documentación solicitada en 2012 por la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento.

Zoido: “Ni un solo intruso”

Las investigaciones policiales y el auto de Núñez tampoco dejan en muy buen lugar al actual ministro del Interior y delegado del Gobierno en Andalucía cuando se gestionaron las ayudas, Juan Ignacio Zoido, que en aquella comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los ERE declaró: “La Administración General del Estado ni participó ni financió ninguno de los ERE o ayudas extraordinarias sociolaborales con intrusos detectados en Andalucía: ninguno (…) Dicho de otro modo, no hay ni un solo intruso entre los trabajadores de las cinco empresas a las que el Gobierno de España concedió ayudas extraordinarias siendo yo Delegado del Gobierno en Andalucía: ninguno”.

Tras conocerse el auto de Núñez, no es probable que el ministro siga pensando lo mismo sobre el ERE de las empresas mineras ni sobre la escrupulosidad del Gobierno.

Cuestión de edad (química)

El fraude, presuntamente conocido y consentido por los altos cargos que siempre exculpó la IGAE, habría consistido en el falseamiento de la denominada en la jerga minera ‘edad química’ de esos 51 trabajadores.

La legislación minera prevé una serie de coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Un ejemplo: cuatro años en la galería subterránea dan derecho a un coeficiente reductor según el cual alguien que trabajase 10 años en la empresa cotizaría como si lo hubiese hecho 15. Esta edad compensada es conocida como 'edad química'.

Un dictamen decisivo

Aunque tanto los peritos de José Antonio Griñán como los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta intentaron rebatir las conclusiones trasladadas por la IGAE a la juez Alaya y al Supremo, no tuvieron éxito en su empeño.

El juez Álvaro Martín, que concluyó la instrucción de la pieza sobre el procedimiento específico que se juzgará a partir del 13 de diciembre, y la propia Fiscalía comparten el juicio de los peritos del Estado de que los distintos organismos de la Junta ocultaron el destino de las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas y burlaron al mismísimo Parlamento de Andalucía haciendo uso de un lenguaje presupuestario “críptico y oscuro”.

También opinaron los peritos –y su dictamen fue clave para sentarlos en el banquillo– que los consejeros de Hacienda Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron “las medidas necesarias para evitar las irregularidades”.

La sorna del interventor…

La cuestión ahora es: si también hubo irregularidades, y la inclusión de 51 intrusos en el ERE minero sin duda lo fue, en el Ministerio de Trabajo, ¿no se tambalea la hipótesis general en la que se asienta la pieza que sentará en el banquillo a los expresidentes según la cual las irregularidades fueron consecuencia directa del procedimiento administrativo y presupuestario aplicado?

El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, también imputado en la causa, trasladaba días atrás esa misma cuestión en un artículo publicado en los diarios El independiente y El Mundo. De hecho, ya en su día Gómez sostuvo ante la juez que el informe de los peritos de la IGAE carecía “del más mínimo rigor” y contenía “gravísimos errores y deficiencias técnicas”.

Esto se preguntaba Gómez en ese artículo, titulado ‘Doble rasero’: “¿Acaso las lentes de estos peritos sufren alguna distorsión que sólo les permiten percibir las irregularidades en los expedientes tramitados por la Junta de Andalucía y no en las que incurren los expedientes tramitados por la Administración Central del Estado? ¿A qué obedece este extraño caso de hipermetropía pericial, que les impide ver, precisamente, lo que tienen más cerca?”. Y continuaba: “¿Por qué la juez [Alaya] declaró impertinentes todas las preguntas que los abogados defensores pretendieron formular, en su comparecencia judicial, a estos peritos hipermétropes, sobre las subvenciones de los ERE tramitadas por el Ministerio de Trabajo?”.

…y de los letrados

El exinterventor nunca estuvo solo en sus sospechas. Lo mismo opinaban los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta que, en su recurso contra el procesameinto de los altos cargos, advertían "clamorosas fallas jurídicas" en el informe de la IGAE y se preguntaban con sorna si sus autores habían recibido "algún tipo de asesoramiento o si, por el contrario, se han aventurado a realizar un análisis jurídico de tan amplio espectro acudiendo a sus limitados conocimientos jurídicos".