Tal día como hoy, en 2012, Haití sufrió un terremoto de 7,3 grados, que dejó a su paso muerte y desolación, y cuyos efectos aún no han cesado. Siete años después, el país sigue siendo vulnerable ante los fenómenos naturales, como demostró el huracán Matthew en octubre pasado, y unos 50.000 damnificados de aquel desastre del 2012 siguen viviendo en los 31 campamentos que se instalaron en los días posteriores al horror. Haití tiene, además, una tasa de pobreza del 58,5%, según el Banco Mundial. Tampoco se conoce la cifra exacta de fallecidos. En las primeras semanas se contabilizaron unos 150.000 muertos, pero un año después, el entonces primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive, ofreció la cifra oficial de 316.000 fallecidos, y los heridos llegaron a 350 mil. Hubo también pérdidas económicas, valoradas en 2010 en unos 8.000 millones de dólares, y que obligaron al país a contraer una deuda de 11.500 millones para su reconstrucción, que, para colmo, ha estado envuelta en denuncias de corrupción.

Una clase política incapaz

“La clase política haitiana, que prefiere centrar sus energías en luchas intestinas por el poder en lugar de atender las imperiosas necesidades de la población haitiana”, señala Amnistía Internacional en su web. “Lo que, junto al mal funcionamiento del sistema judicial, permite que los responsables de los numerosos problemas del país, incluidas decenas de abusos contra los derechos humanos, queden impunes”. Según datos de la ONG, “el Estado haitiano sigue siendo completamente incapaz de proporcionar vivienda a las más de 60.000 personas que, según cálculos, permanecen atrapadas en campos de desplazamiento en condiciones lamentables”. Además, señala, “debido a las precarias infraestructuras y la falta de acceso a asistencia médica de calidad, la epidemia de cólera desatada en 2010 sigue afectando a muchos miles. Y los centenares de personas haitianas y sus descendientes nacidos dominicanos que han sufrido expulsión de la República Dominicana o devolución desde allí tras recibir amenazas viven actualmente en campamentos improvisados en la frontera sin servicios básicos como agua limpia y saneamiento”. La estrategia que debe seguir el país a juicio de Amnistía pasa por, “entre otras muchas medidas concretas”, invertir más recursos para facilitar el acceso a alojamiento adecuado de las personas a las que el terremoto dejó sin techo, “entre otras cosas transformando los campamentos de desplazados internos en barrios decentes con plenos servicios, como agua limpia y electricidad”. Son reformas, “como la construcción de infraestructura de saneamiento y suministro de agua y la mejora del acceso a asistencia médica de calidad” que, se propone, han de financiarse “tanto con fondos existentes en Haití, mediante una profunda revisión de sus presupuestos,  como con fondos procedentes de la comunidad internacional, que, aunque ya se ha comprometido a dotar de fondos un plan de Haití y la ONU para erradicar el cólera concebido en 2012, por ejemplo, aún no ha aportado nada”.