Los Genoveses

El presidente del Constitucional firma sentencias y cuentas mercantiles

Pérez de los Cobos de nuevo se desenvuelve entre lo legal y lo ético

0
Mié, 24 Ago 2016

Cuando el 6 de octubre del 2010 el catedrático de Derecho del Trabajo, Francisco Pérez de los Cobos, candidato a magistrado del TC a propuesta del GPP, compareció en la Comisión de Nombramientos del Senado nadie de los allí presentes, salvo él mismo y algún que otro parlamentario del PP, conocían dos aspectos de su trayectoria que tampoco fueron desvelados en aquel momento por el entonces candidato:

El primero tenía que ver con su militancia activa en el Partido Popular de Cataluña, mientras que el segundo era su condición de administrador único de una sociedad mercantil denominada “Labour Prospectives, SL”. Ambos datos también fueron ocultados en el generoso CV que el GPP distribuyó a los miembros de la Comisión que debía votar su idoneidad para el TC.

Tras su elección tuvieron que pasar 3 largos años para que en julio del 2013, por puro accidente periodístico y al rebufo del Caso Gürtel, se conociera que Pérez de los Cobos, recién elegido Presidente del TC, era además de Catedrático, un cualificado militante del PP y que como tal pagaba sus cuotas a la organización política a la que pertenecía. Su militancia generó una fuerte polémica política y jurídica que acabó con su recusación como magistrado por parte de la Generalitat de Cataluña. La mayoría absoluta del PP en el Parlamento y en el propio TC fue determinante para que Pérez de los Cobos continuará en su cargo y de paso discretamente se diera de baja en el PP.

La segunda cuestión que como decíamos ocultó al Senado fue su condición de administrador único de "Labour Prospectives,SL", una sociedad constituida en Barcelona en el año 2003 cuyo objeto social es "la elaboración de estudios en el ámbito de las relaciones laborales, análisis de la negociación colectiva y asesoramiento general en el ámbito social".

Cuando en mitad de la polémica sobre su militancia se publicaron las primeras informaciones sobre sus vinculaciones mercantiles, el aludido se negó a dar ningún tipo de explicación sobre quiénes habían sido sus clientes alegando que era “una cuestión privada” y que, en todo caso, la citada sociedad estaba inactiva.

Las dudas razonables y razonadas que ya existían sobre su imparcialidad se vieron incrementadas por su calculado silencio sobre si había facturado, por ejemplo, a asociaciones de empresarios y al propio PP sobre contenidos de reformas en el mercado laboral como las que casualmente se pusieron en marcha tras la llegada al gobierno de uno de sus clientes y a la vez Presidente de su Partido,  Mariano Rajoy.

El hecho cierto es que tras estas informaciones el silencio más silencioso se volvió a imponer y Pérez de los Cobos volvió una vez más a imponer su criterio con el apoyo expreso de sus padrinos políticos, mediáticos y empresariales.

Y en estas estábamos cuando muy a su pesar se ha conocido el deposito en el Registro Mercantil de Barcelona de las cuentas de la citada sociedad referidas al año 2015.

Y es aquí donde una vez más las líneas divisorias entre lo legal y lo ético se estrechan hasta solaparse y colisionar. Como se verá a continuación dictar sentencias y a la vez firmar cuentas resulta en el mejor de los casos poco estético, nada ético y de dudosa legalidad. Vayamos al grano. Nada mejor que para ello pongamos en relación dos fechas:

30 de junio 2016. Ese jueves el Presidente del Tribunal Constitucional se desdobla para ejercer como administrador único de “Labour Prospectives, SL” y así poder firmar el acta de su junta universal y ordinaria en la que se aprueban las cuentas del año 2015 para su posterior depósito en el Registro Mercantil. No se dispone de información sobre si la Junta se celebró en la sede que la sociedad tiene en Barcelona o en otro lugar.

5 de octubre 1979. Este día el BOE publica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En su articulo 19.1 se establecen los supuestos de incompatibilidad de sus magistrados. A los efectos de esta crónica interesa detenerse en el siguiente:

1.“El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible:

1.7. Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles”.

Y es aquí donde las dos fechas entra en colisión entre lo legal y lo ético ya que no hay la más mínima duda, mire por donde se mire, que el citado apartado 7 del artículo 19 establece de forma meridiana que un magistrado del TC es incompatible con el desempeño de cualquier actividad mercantil.

Esta incompatibilidad, sin embargo, queda en entredicho cuando se constata que la mano con la que estampa su firma, la original y genuina, es la misma con la que indistintamente rúbrica sentencias de obligado cumplimiento y las cuentas anuales de una sociedad mercantil dedicada al asesoramiento legal para potenciales clientes que han podido o podrían acabar solicitando amparo al Tribunal que él mismo preside. Dato este que desconocemos por su negativa a facilitarlo.

Lo dejamos aquí siendo conscientes que como es ya habitual esta noticia como otras muchas que ha protagonizado este cualificado militante genovés, empresario y magistrado dejará de serlo y las aguas institucionales seguirán su curso sin inmutarse. Eso sí, mientras todo esto sucede su Partido continuará negociando con sus socios de Ciudadanos fórmulas extravagantes para “acabar” con los múltiples y variados casos de corrupción que les rodea.

 

Mucha más información y personajes en Los Genoveses