"Las funciones de antidisturbios no son propias de la Guardia Urbana". Con estas palabras ha anunciado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, la decisión tomada por el Gobierno de Ada Colau: dejar a este cuerpo sin la posibilidad de cubrir las funciones de antidisturbios.
La medida no ha quedado sin contestación y ya ha despertado las primeras críticas. De hecho, algunas voces apuntan a que es una decisión de última hora y que responde a una petición, supuestamente, hecha en las negociaciones para poder sacar a delante los presupuestos. Sin ir más lejos, hay que recordar que se votarán este jueves en un pleno extraordinario.
Cumplen lo que el cuerpo pide
En su defensa, Pisarello ha dicho que la Guardia Urbana debe centrarse en políticas y actos de proximidad dentro de un modelo más descentralizado y transparente, exactamente, asegura, lo que ha pedido el propio cuerpo policial, que está implicado en la elaboración del Plan Director. "Consideramos que una policía municipal de proximidad no tiene como una de sus funciones desarrollar tareas de antidisturbios", ha subrayado
Entre estas voces acusatorias está la de la edil de CiU Sònia Recasens que mantiene que la verdad es otra, que Colau ha llegado a un "pacto oculto" con la CUP para disolver la Unidad de Apoyo Policial (USP) en el marco de la negociación presupuestaria. Pisarello ha desmentido esta afirmación y ha asegurado que la decisión no está vinculada a las cuentas.
“No es consecuencia del grupo de trabajo que tenemos con la CUP (de cara a aprobar una ampliación de presupuestos municipales de 275 millones de euros), sino que es una convicción del gobierno municipal que se expresó desde un primer momento".
Pese a ello, sí ha reconocido que confía en que la modificación presupuestaria salga adelante después de haber introducido medidas relacionadas con las exigencias de la CUP, que implican 5,2 millones de euros.
Un símil con Madrid
Esta medida recuerda, casi inevitablemente, a la tomada por el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid.
El pasado mes de febrero, este consistorio liderado por Ahora Madrid decidió suprimir una de las Unidades Centrales de Seguridad y antidisturbios de la Policía Municipal.
Poco después, unos 300 policías municipales convocados por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) se concentraron en la Plaza de la Villa para mostrar su enfado. Hasta aquí todo normal si no fuera porque algunos de los participantes acabaron insultando y golpeado el coche del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, responsable de la medida.
