De izquierda a derecha, magistrado vocal, Patricia Isabel Bustamante, jueza presidenta Jazmín Barrios, y juez vocal, Pablo Xitumul de Paz. (Foto: ELPLURAL.COM)
El ex presidente de Guatemala, Ríos Montt, fue condenado el pasado dieciocho de mayo a 80 años de prisión, por el genocidio cometido contra el pueblo Maya Ixil y contra los deberes de la humanidad. Doce días más tarde, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca anuló la sentencia, considerada en medios jurídicos “de gran altura técnica y de enorme dimensión pedagógica”.
Campaña de desprestigio
La magistrado Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, que dictó la sentencia, no pierde la calma, ni renuncia a su exquisita forma de expresarse, a pesar de la feroz campaña de desprestigio que se ha montado en su contra. “Nosotros no aceptamos órdenes ilegales como la anulación del veredicto, porque lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber de hacer justicia en Guatemala”.
El trabajo del Tribunal fue honrado y coherente
La magistrado Barrios, que habló en exclusiva para ELPLURAL.COM, señaló que el trabajo realizado por los tres jueces del Tribunal que emitió la sentencia fue honrado y coherente. A pesar de las enormes presiones, “no tiramos la toalla y mantuvimos la calidad del proceso.”
El Ejecutivo, que trató de aislarles desde el principio, se tomó el veredicto como un ataque al mismo corazón del Gobierno, “cuando nosotros estábamos juzgando y nada más”. La mayoría de medios de comunicación también se pronunciaron con dureza contra Barrios, acusándola de defender intereses bastardos, de cobrar.
“Viles delincuentes”
Lo que hicieron muchos medios de comunicación, asegura, “es sumarse a los intereses de los poderosos, sin importarles desprestigiar el sistema judicial de nuestro país.” Ella explica que nunca devolvió los insultos, aunque tuvo que aguantar que etiquetaran a los tres miembros del tribunal de “viles delincuentes”.
Conocida la sentencia, la más poderosa agrupación patronal de Guatemala, el CACIF, permaneció reunida tres días consecutivos para decidir qué hacía ante la situación. La magistrada Barrios no expresó ningún género de duda. “El CACIF le dijo a la Corte Constitucional que anulara la sentencia”. Y así fue. Con todo, “dimos lo mejor de nosotros mismos y, a fin de cuentas, el 85% de la gente corriente se siente identifica con nuestro trabajo”.
En su opinión, este juicio ha servido para que el pueblo de Guatemala “conozca su propia historia”.
Movilización a todos los niveles
De momento, muchos autobuses urbanos de la ciudad de Guatemala ya lucen carteles en los que se puede leer, “La sentencia vive”. Es decir, su anulación no ha matado un veredicto que ahora mismo está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Muchas organizaciones de la sociedad civil guatemalteca e internacionales están poniendo a punto argumentos jurídicos para instar a la Corte Interamericana que aborde con celeridad esta cuestión. Si el fallo fuera favorable, la sentencia debería cumplirse en todos sus extremos, también en lo que se refiere a la reparación de los daños causados.
Genocidio
El general Ríos Mont asumió el poder en marzo de 1982 a raíz de un golpe de Estado, y fue derrocado del mismo modo en agosto de 1983. La sentencia considera probado que bajo su mandato el Ejército llevó ataques indiscriminados contra poblaciones de la etnia Maya Ixil, que supuestamente habían prestado apoyo social a las fuerzas guerrilleras. Ataques que incluyeron matanzas, desplazamientos masivos, ejecuciones, violación sistemática de mujeres, niñas y ancianas, torturas. Un auténtico genocidio.
