En concreto, se han subastado cuatro lotes, correspondiendo los dos primeros a otras tantas fincas rústicas, la primera en la zona de Torreblanca y la segunda en una dehesa denominada 'Román Pérez el Bajo', con cuya subasta el Ayuntamiento pretendía amortizar parte de sendas deudas de 2,9 millones de euros que la empresa Arenal 2000, propiedad de Gómez, tiene con el Consistorio. El tipo base de licitación de ambas fincas, sobre las que pesan embargos parciales, era de 174.641 euros, en la primera, y de 106,921 euros, en la segunda.

Venta directa
Al no concurrir licitadores en ninguna de estas dos subastas, la mesa constituida para tal fin, integrada por el tesorero municipal y el jefe del Departamento de Recaudación del Ayuntamiento, junto a otros altos funcionarios municipales, ha determinado que sendos bienes se ofrezcan, durante un plazo máximo de seis meses, para su venta directa y por un precio mínimo equivalente en ambos casos al tipo base de licitación de cada finca.

Segunda subasta
En cuanto a la subasta posterior de un polígono de terreno en el pago de Turruñuelos, que incluye un antiguo matadero industrial, valorado en 3,5 millones de euros, y de un local comercial, en la céntrica calle San Pablo, a pocos metros del propio Ayuntamiento y valorado en 1,2 millones de euros, en ambos casos, ante la falta de licitadores, se acordó en primer término convocar una segunda subasta, rebajando en sendos casos el tipo base de licitación en un 25 por ciento, es decir, a 2,6 millones, en el primer caso, y a 902.453 euros, en el segundo.

Adjudicación directa
A pesar de ello tampoco aparecieron postores interesados por dichos bienes, por lo que la mesa ha acordado también su pase a adjudicación directa, aunque en este caso, dado que han sido objeto de una segunda subasta, no se ha establecido un precio base mínimo para su venta, con la cual el Consistorio espera sufragar una deuda de 214.751 euros, por un lado, y de 340.752 euros, por otro. En cualquier caso, para recibir ofertas de compra por estos bienes también se ha fijado un plazo máximo de seis meses.