La Conferencia de Presidentes Autonómicos que se ha celebrado este martes en el Senado era la primera prueba de fuego para Mariano Rajoy y su Gobierno para dar una imagen de diálogo y entendimiento. No en vano, era la primera reunión de este tipo que se celebra desde 2012, en los tiempos en que el Partido Popular ostentaba una mayoría absoluta que le permitía dejar a un lado los pactos institucionales.

La prueba de esta voluntad y este cambio de criterio está en que, como prometió en su discurso de investidura, Rajoy tiene la intención de que este órgano repita sus reuniones de manera anual. Sin embargo, esta imagen se ha visto empañada desde la foto de familia con Felipe VI, en la que cantaban las ausencias del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu. Una mancha que ha pesado más incluso que la caída de las banderas autonómicas por culpa del viento.

Pero la intención era la de mostrar que el Estado funciona y que está bien engrasado, desde el recuerdo de grupo con el jefe del Estado, hasta la comparecencia que Mariano Rajoy ha ofrecido en torno a las 19:00 horas y con algunos minutos de retraso. Y el presidente del Gobierno ha arrancado elogiando una reunión que ha considerado “muy constructiva” y por lo que estaba “muy satisfecho”.

Sin embargo, rápidamente ha entrado en materia económica, recalcando su aviso de que la recaudación en 2007 era de 442.000 millones de euros y que, pese a “los tres años de crecimiento”, aún no se ha recuperado. En concreto, 20.000 millones de euros por debajo. Algo que afecta directamente al único de los 10 temas a discutir que aún no se había pactado de antemano: el nuevo sistema de financiación autonómica.

La cuestión empezará a resolverse dentro de un mes, con la constitución de una comisión de expertos con representantes de todas las administraciones. ¿Con todas? Eso dependerá de Puigdemont y Urkullu, pero los trabajos empezarán en cualquier caso. Aunque Rajoy ha subrayado que no contempla un panorama en el que los representantes de catalanes y vascos no estén porque, cree, “al final se impondrán el sentido común y la cordura”.

En lo que respecta a la financiación, una de las grandes batallas y que ha sido un tema central de la discusión, es la crisis demográfica de España y la disparidad poblacional. Con dos bandos enfrentados: el de la España vacía –que integran las comunidades del norte y centro de España, más rurales y despobladas- y el de la España llena –formada por las regiones del Mediterráneo junto a Madrid-.

Las primeras defienden que la próxima financiación les trate mejor, al tener poblaciones envejecidas y más aisladas, por lo que necesitan más recursos para ofrecer servicios públicos. Las segundas son aquellas que, pese a ocupar una tercera parte del territorio, acogen a dos tercios de la población. Lo que las hace sentirse infrafinanciadas.

Pero ha existido otro debate más en el seno de la Conferencia y que ha provocado varios roces, sobre todo, entre la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y la madrileña, Cristina Cifuentes. Hablamos del calificado dumping fiscal, acusación dirigida al Gobierno madrileño por su negativa a cobrar el impuesto de patrimonio a los más ricos. Algo que priva a los madrileños de 660 millones de euros de dinero público, pero que también afecta a otras comunidades, puesto que sus ricos se empadronan en la región central para esquivar los impuestos de sus comunidades de origen.

La comparecencia de Susana Díaz ha sido una de las que más atención ha recibido, en parte por esta bandera contra el dumping fiscal, en parte por el morbo de ver a la andaluza en Madrid. Aunque la futura batalla que le traería a la capital ha salido en su rueda de prensa, la presidenta ha esquivado el tema para no “defraudar” a los periodistas, aunque ha manifestado que siente “mucho cariño” por Patxi López, el único candidato, por el momento a la Secretaría General.

Pero sobre el tema del dumping sí se ha extendido, llegando a acusar a Madrid de actuar como un “paraíso fiscal”. “Los impuestos no los pagan los territorios, los pagan los ciudadanos. Lo que no es de recibo es que los muy ricos paguen menos” y ha presumido de que en la Conferencia “hay una voluntad mayoritaria de que los ciudadanos hagan un esfuerzo acorde a su renta y no por el territorio donde vivan”.

Desde luego, quien sí le ha apoyado en su reclamación de unidad fiscal ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, quien ha señalado que "si en una hora y 40 minutos tienes la opción de no pagar impuestos, al final la gente prefiere no pagar". También Miguel Ángel Revilla, presidente cántabro, ha reprochado a Cifuentes su actitud-ha llegado a acusarla de “elevar el tono”-, recordándole que su comunidad está beneficiada, entre otras cosas, por estar en el centro del mapa y porque, cada vez que los presidentes autonómicos “quieren solucionar algo” de sus respectivas regiones, tienen que venir a Madrid.

Cifuentes, la aludida, ha respondido a las críticas, en una comparecencia que hasta el último momento no se ha resuelto, por el malestar de la madrileña ante el orden en que se ha programado su aparición. Pero la presidenta ha salido al paso sobre la polémica del dumping fiscal asegurando que “los impuestos deben ser recaudatorios, no confiscatorios”.

La líder madrileña ha defendido que los madrileños son quienes “más dinero y los que menos reciben”. Y, tras el chiste del PP de Madrid en Twitter contra Díaz, con el que la andaluza no ha querido “perder el tiempo” por ser “chascarrillos y tonterías”, Cifuentes le ha lanzado un último dardo a su homóloga, diciendo que a ellos les va bien con su modelo “y otros no pueden decir lo mismo”.