Pocas veces a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se la había visto tan enfadada por unos números. "Demoledora para el Estado del bienestar, ofensiva para el conjunto de los ciudadanos e indecente para las comunidades": así evaluaba Montero la propuesta hecha ayer por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de imponer para 2018 un 0,3 por ciento de déficit para las comunidades.
El Ejecutivo sacó adelante su plan de gasto con los únicos votos favorables de las autonomías gobernadas por el PP. Además de Andalucía, votaron en contra el resto de comunidades socialistas más Cantabria y Cataluña. Incluso Canarias se abstuvo. En opinión de Montero se confirman “los peores pronósticos” sobre si las cuentas públicas serían sensibles con las necesidades de las familias y de los servicios públicos.
Coqueteos fiscales
La consejera andaluza recalcó que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no le respondió a su pregunta sobre el reparto del déficit: "Esa opacidad no se ha explicado y no se responde a la pregunta de por qué se hace un reparto arbitrario de los objetivos de déficit", y todo ello al tiempo que el ministro “coquetea” con una posible bajada de impuesto, exigida por su socio parlamentario Ciudadanos.
También criticó la consejera se esté apropiando del superávit de los ayuntamientos al no permitirles que lo gasten. Como el objetivo del Gobierno es del 0,7 por ciento, explicó Montero, "un 0,64 por ciento del esfuerzo se lo están haciendo los ayuntamientos".
