El doctor Luis Montes, presidente de la asociación Derecho a una Muerte Digna y que fue conocido por el 'caso Leganés', donde fue denunciado por sedaciones a enfermos terminales, ha defendido que el caso de Andrea es claramente una "polémica ideológica". La niña de doce años se encuentra en un hospital de Galicia en estado terminal y sus padres piden para ella una muerte digna.
En palabras recogidas por Nueva Tribuna, Montes considera éste un “caso clarísimo de atropello a los derechos de los ciudadanos” ya que los tutores legales en este caso, no están pidiendo eutanasia, sino que se deje de administrar tratamiento a la enferma, un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente y que también recoge que “cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos”. En el caso de Galicia, estos derechos han sido reforzados por una ley autonómica de Muerte Digna, aprobada recientemente.
Por ideología
Pese a que, según el doctor Montes, el derecho de los padres de Andrea está amparado por la Ley, considera que revuelo levantado es principalmente "ideológico" ya que en España el debate sobre la eutanasia y la muerte digna está marcado por los grupos pro vida, que según él son una minoría, y echa en falta que las sociedades médicas no se hayan pronunciado todavía ya que es un asunto que “afecta a todo colectivo” y espera que el equipo médico acaba por aceptar la voluntad de los padres de Andrea que no quieren que su hija sufra más innecesariamente. “Los derechos de los pacientes no deberían quedar al albur de la interpretación personal de los profesionales”, señala.
Fuera del Código Penal
Desde la Asociación DMD, que preside Luis Montes, siguen reclamando que se derogue el artículo 143.4 del Código Penal, que penaliza el suicidio y la eutanasia, y se apruebe una ley de disponibilidad de la propia vida que amplíe derechos y protocolice los pasos a seguir en estos casos ya que la legislación actual "ejerce una presión social que distorsiona la toma de decisiones al final de la vida. Algunos profesionales lo utilizan como un subterfugio para imponer la sacralidad de la vida, ignorando la voluntad del paciente. Y los ciudadanos se ven en la necesidad de justificar decisiones actualmente reguladas en la legislación".
