¿Cómo es la ley gallega que regula la muerte digna y cómo afecta a Andrea?

El caso de, Andrea, la niña gallega de 12 años para quienes sus padres piden una muerte digna, ha llegado al Parlamento gallego esta misma tarde después de que la portavoz de Sanidad del PSdG, Carmen Acuña, cambiase su pregunta a la consejera del ramo, Rocío Mosquera, quien ha contestado pese a que la ley le permitía obviar una cuestión improvisada.

Sin embargo, la respuesta de Mosquera ha sido contradictoria, al menos con la versión de los padres y el informe del Comité de Bioética del Hospital de Santiago de Compostela, que avala la retirada del soporte vital.

Mosquera ha señalado que "hay que dejar a los profesionales" que sean "los que decidan" en el caso de la menor y ha avalado la versión del Servicio de Pediatría, donde le han asegurado que no hay "ensañamiento terapéutico", como exige la ley para que se retire el soporte vital. Y, pese a todo lo publicado, la consejera ha asegurado que "no hay discrepancia entre la comisión de bioética", cuyo informe no es vinculante, y la decisión de los médicos.

El quid de la cuestión está en la ley de "derechos y garantías de la dignidad de las personas con enfermedades terminales" y que es una de las más avanzadas en España. La norma está vigente solo desde agosto, y este es el primero de los casos que cubre. Aunque fue propuesta por el PSdG, fue aprobada por unanimidad, y no regula "la eutanasia ni el suicidio asistido", explica Acuña a este diario. Extremos que se tuvieron que dejar de lado "en aras del consenso" y para conseguir el apoyo del PP.

Sin embargo, la ley sí que permite la retirada del soporte vital y la sedación, en aras de una muerte digna, cuando se trata de enfermedades que provoquen un "estado irreversible" y auguran el fin de la vida. Aspectos que, para Acuña y a la vista de las informaciones publicadas, se cumplen con Andrea. Es decir, la norma no habría valido para el también famoso caso del gallego Ramón Sampedro, retratado en la película Mar Adentro, pues sí se trataba de una "enfermedad incapacitante" pero que no era terminal para la vida del paciente. Algo que sí se cumple en el caso de Andrea.

Punto por punto, la ley es clara. Su artículo tres marca que el esfuerzo terapéutico se limita para retirar o no iniciar tratamientos que son inútiles para curar al paciente y que solo se destinan a prologar la vida biológica. Y señala que esta acción sí puede permitir la muerte, aunque no la produzca o cause. Más explícito es el artículo 10, que permite al paciente negarse a someterse a procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial si son desproporcionados, prolonguen la agonía o mantengan la vida de forma penosa, gravosa y artificial.

Además, el artículo 13 señala que son los padres quienes deciden las medidas si el enfermo es menor de edad. Y, por último, el artículo 18 dice que el médico no incidirá en la obstinación terapéutica, señala su obligación de combatir el dolor y el sufrimiento del paciente aunque el tratamiento acelere la muerte y subraya su deber de no prolongar la vida por encima de todo.

"No entendemos qué está pasando, porque no tenemos acceso al historial médico de la niña", afirma Acuña, "pero los papás, responsables legales, son los que pueden decidir si se sigue con las medidas de soporte vital".