El abogado Javier Ledesma, en nombre de la Asociación, destaca que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 “está cubierto por los mecanismos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que no procedía sacar a concurso la citada plaza. Se basa en que el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, antes de ser derogado por la Ley Orgánica 4/2013, establecía que la provisión de tales plazas se acuerda para el tiempo que los titulares permaneciesen en la situación de servicios especiales.
La Ley indica la permanencia
Apuntan también que la Ley establece un régimen singular y específico para cubrir los destinos de los titulares que se encuentren en situación de servicios especiales, que se resume en que estas plazas serán cubiertas por los sustitutos "… para el tiempo que permanezca los titulares en la referida situación".
Dar estabilidad
Para ADADE la norma es clara en este sentido y lo que busca es “dar estabilidad a los órganos jurisdiccionales, sin someterse a los vaivenes y plazos contemplados para las comisiones de servicios reguladas en otros supuestos”.
No se puede sacar la plaza a concurso
Frente a la decisión del CGPJ de sacar a concurso la plaza que ahora ocupa Ruz mientras su titular legal Miguel Carmona Ruano continúe ausente, consideran los abogados que se debe aplicar la norma ya existente sin que otras opciones sean válidas y según argumentan “el Juzgado Central de Instrucción número 5 no podía ser anunciado en el concurso al estar cubierto conforme a lo previsto la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Razones para la prórroga
Añaden que tampoco se podría anunciarse este concurso “hasta que hubiese transcurrido la totalidad del segundo año de prórroga, existiendo, además, fundadas razones para prorrogar la Comisión de servicios del Juez que sustituye al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Don Miguel Carmona Ruano”.
Le reconocieron el trabajo
“En primer lugar, la Comisión Permanente del Consejo, para acordar la prórroga de la Comisión de servicios en junio de 2014, se basó, entre otras cosas, en el excelente trabajo que venía desarrollando el Juez comisionado”, recuerda ADADE.
Retraso en las causas de corrupción
Y en segundo lugar, “un cambio de titular en el citado Juzgado supondría retrasar de forma muy significativa la instrucción de causas, entre otras, las seguidas por lo que se conoce como corrupción, pues la simple lectura, y mucho más el estudio por el nuevo titular, de miles de folios que se incluyen en las mismas exigiría prorrogar en el tiempo la resolución de dichos procedimientos”.
¿Preparados solo para “roba gallinas”?
“Ante ello, importantes sectores sociales podrían hacer suyas las palabras del Presidente de ese Consejo respecto a que la justicia penal está más preparada para enjuiciar a los "roba gallinas" que las complejas causas de corrupción”, advierten.
Derecho a sentencia en plazo razonable
Resaltan que en este caso, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos existe la obligación de organizar el sistema judicial “de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”. Un derecho, dicen, “que asiste a los imputados pero también a la sociedad, como victima de tales conductas, para restablecer el valor justicia”.
Sin zonas de impunidad
“El principio de justicia requiere que no existan zonas de impunidad y que cuando se haya producido una violación del mismo éste sea restablecido mediante el enjuiciamiento correspondiente”. Reiteran en su recurso que “ningún precepto legal impide la prórroga de la Comisión de servicios hasta la incorporación del señor Carmona Ruano”.
Que continúe Ruz
ADADE solicita que el Pleno del CGPJ deje sin efecto el anuncio de concurso respecto al Juzgado Central de Instrucción número 5, o, que prorrogue la Comisión de servicios hasta junio de 2015, dejando también, en este caso, sin efecto el citado anuncio. “La solicitud formulada es conforme con el ordenamiento jurídico, con el interés general y con el valor justicia”, añaden.
No puede seguir como apoyo
Sobre la posible labor de apoyo como forma de permanencia de Pablo Ruz que tendría que decidir el titular del juzgado según sugirió el Consejo, ADADE dice que no es posible ya que “el conocimiento de los asuntos en trámite se reservan al nuevo titular, sin que la Comisión Permanente del Consejo ni su Presidente puedan alterar la previsión constitucional del juez predeterminado por la ley”.
Perjuicios de imposible reparación
Por último, como consideran que la ejecución del acuerdo impugnado puede “generar perjuicios de imposible reparación, fundamentalmente para el interés general”, piden que se suspenda la ejecución de este acuerdo de modo que el juez Ruz pueda continuar su laboriosa instrucción y se haga justicia en los casos Bárcenas y Gurtel.
