¿Puede el gerente de Cospedal, que gana 35.000 euros, pagar a los abogados más caros del mundo?

Acritas es una agencia que realiza la llamada encuesta “Sharplegal”, un índice de marcas de despachos de abogados de élite que encabeza por quinto año consecutivo Baker & McKenzie, reafirmando así su liderazgo como la marca más reconocida y cara a nivel internacional (). Sus abogados cobran por minuto (entre 200 y 500 euros por cada sesenta segundos) y existe la leyenda urbana de que se hacen acompañar por un cronómetro de ajedrez para cuantificar el tiempo dedicado a sus clientes, entre los que se encuentra el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ágel Cañas, imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en la mordida de los 200.000 euros que supuestamente entregó Sacyr a los conservadores manchegos para financiar la campaña electoral de 2007 de María Dolores Cospedal a cambio de la concesión de la recogida de basuras de Toledo, según declaración en sede judicial del extesorero Luis Bárcenas.

Un abogado exfiscal de la AN
El caso es que el socio de Baker & Mckenzie, Jesús Santos Alonso, exteniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA, representa al todavía tesorero de Cospedal en Castilla-La Mancha, cargo en el que permanece contraviniendo la propia filosofía política de la secretaria general del PP. Así las cosas, Santos, uno de los llamados fiscales históricos de la AN (no es la primera vez que Cospdal echa mano de un exfiscal), es el abogado defendor de José Ángel Cañas, un empleado del PP castellano-manchego cuya nómina no supera los 35.000 euros al mes. ¿Cómo, entonces, Cañas puede pagar a un abogado que cobra por pleito, por causada (ganada o perdida) el doble de los ingresos de su representado?.

¿Quién paga su minuta?
Está claro que Jesús Santos, con un sueldo superior a los 300.000 euros, no regala ni los buenos días y cada vez que mueve ficha ante el juez Ruz al gerente del PP castellano-manchego le cuensta “un riñón”. ¿O tal vez el “riñón” lo ponga el PP de Cospedal? En este sentido, EL PLURAL.COM se puso en contacto con el abogado de Baker & Mckenzie para saber si su minuta la pagaba el PP, porque está claro que el sueldo de Cañas no da para abonar los servicios de un bufete que solo el año pasado facturó más de 2.500 millones de dólares. Jesús Santos se negó a responder a nuestro correo, ni a confirmar o desmentir si sus estratosféricos servicios legales los abona el partido de Cospedal, o bien su gerente, que de ser así le haría falta algo más que su sueldo para hacer frente a los honorarios del despacho de abogados más caros del mundo, cuya presidencia en España la ostentó hasta hace unos meses Manuel Pizarro, exnúmero dos de Rajoy en las listas electorales de 2007.



¿Cómo justificará Cospedal este gasto?...
En este sentido, fuentes del PP castellano-manchego han confirmado a ELPLURAL.COM que el abogado de Cañas lo paga el partido. “Es normal; no podemos dejarlo tirado”, añaden, “además, Dolores (Cospedal) no permitiría que Cañas no estuviera debidamente representado”. Sin embargo, Cospedal tiene difícil justificar el supuesto gasto del partido para defender a su gerente, máxime si como ha quedado demostrado fue el firmante de la recepción de los 200.000 euros, que según él nunca llegaron a Castilla-La Mancha. No solo eso, la secretaria general del PP dijo en la noche del viernes en La Sexta, que “cualquier trabajador firma un recibí si se lo pide el jefe”. No es de extrañar que Bárcenas dijese en su momento que solo un “imbécil” puede firmar la recepción de un dinero que no recibe.

...¿Y el de los procuradores más caros de España?
Pero no solo José Ángel Cañas se permite el “lujo asiático” de contar en su defensa con los mejores y más caros abogados del mundo, también le representan en la Audiencia Nacional el que es el despacho de procuradores más elitista y caro de toda España, Álvarez-Buylla & Sánchez-Puelles, cuyo socio María Álvarez-Buylla, será dentro de unos días vocal del Consejo del Poder Judicial, formando parte de la Comisión Permanente del gobierno de los jueces que dirime todo aquello acerca de los magistrados que instruyen en la actualidad los casos de corrupción y que salpican, un día sí y otro también, al Partido Popular. Pura y llana casualidad.