Cada vez quedan menos jueces al frente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un magistrado se ha trasladado al Tribunal de Cuentas, otro se encuentra gravemente enfermo, el tercero se jubilará en abril y queda solo a partir de esa fecha el presidente de sala, Francisco Javier Vieira Morante, quien no va a poder  atender por tanto los procesos a aforados de la comunidad madrileña. Es un enigma la razón de que se hayan ido posponiendo los nombramientos en esta sala. Fuentes cercanas al Consejo General del Poder Judicial comentaban a ELPLURAL.COM que la situación interna del CGPJ, en que da la impresión de que los vocales se están midiendo las fuerzas continuamente para negociar todas las decisiones, puede estar en el fondo de esta situación.


En estos momentos, el presidente de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morente y el magistrado de la misma sala Emilio Fernández Castro, se ven en la necesidad de pedir a algún otro magistrado de las salas de lo social o de lo contencioso administrativo su presencia para poder realizar los juicios. “Pero estos magistrados realmente actúan como 'acompañamiento', no pueden ser ponentes porque esta área no es su especialidad y se trata de temas muy delicados, explicaron a ELPLURAL.COM las mismas fuentes judiciales”.


Bajas y traslados
En estos momentos el magistrado de la sala civil y penal designado por la asamblea de Madrid,  Antonio Pedreira, famoso por continuar y prorrogar las escuchas del caso Gurtel ordenadas por el juez Garzón, se encuentra hospitalizado y su estado hace suponer la necesidad de una baja por invalidez si consigue superar la situación en que se encuentra. El otro magistrado, José Manuel Suárez Robledano, ocupa un nuevo puesto en el Tribunal de Cuentas. Y para cerrar el círculo, Emilio Fernández Castro se jubilará previsiblemente en abril.


¿En primavera sin magistrados?
Es decir que si el CGPJ no se da prisa, a la difícil situación actual, se va a sumar la imposibilidad esta primavera de enjuiciar a ningún aforado de la Comunidad que preside Ignacio González. Si bien el pasado día 15 la agencia EFE hacía pública una convocatoria para cubrir la plaza de magistrado, plaza que se cubre por concurso de méritos, la decisión se presenta larga y compleja y por supuesto, insuficiente. “El problema es que hay que 'negociar' este tipo de nombramientos y en estos momentos, parece que en el seno del CGPJ hay una cierta marejadilla”.


Los que juzgan a los políticos por corrupción
La importancia de la designación de estos magistrados se basa en que todos aquello políticos autonómicos de mayor rango, incluyendo a los parlamentarios en caso de tener algún requerimiento de la Justicia están aforados ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) cuyo presidente es nombrado por 3/5 partes del Consejo General del Poder Judicial mediante un concurso de méritos. “Una de cada tres plazas de magistrado de esta Sala, la nombra el CGPJ a partir de ternas que presenta el Parlamento autonómico (lo cual evidentemente lleva a una serie de negociaciones entre los grupos políticos de la Asamblea madrileña para que salga elegido 'su'  magistrado. Al final ocurre que magistrados de designación inevitablemente política, luego tienen que juzgar a los políticos en casos de corrupción.


“El candidato deseado”
“Para la designación de los otros magistrados mediante el concurso de méritos, también se producen negociaciones y acuerdos”. El CGPJ cuenta con 20 vocales y el presidente. Nueve vocales  han sido  propuestos por el PSOE, otros nueve por el PP, uno por CiU y el último por el PNV. “Es probable que el retraso en estos nombramientos del TSJM pueda tener relación con que se esté esperando a alcanzar determinadas mayorías para conseguir el candidato deseado”, añadieron. Por asociaciones judiciales, los vocales pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador, a la de Jueces para la Democracia de carácter progresista y a la de Francisco de Vitoria moderada, en su mayor parte.


Distintas ideologías votando lo mismo
No siempre los vocales votan en grupo de acuerdo con su origen o intereses comunes. El caso más reciente ha sido el que se acaba de producir hace unos días ante la reforma de ley orgánica que afecta al propio CGPJ. Esta reforma de ley supone el cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y conlleva también según consideran muchos jueces,  una serie de recortes a las actuales competencias del Consejo. Aún se está aún abordando pero en paralelo, en marzo se debía proceder a la renovación de los vocales. Con el fin de no proceder a esa renovación y esperar a la nueva ley se planteó la suspensión de la vigencia de los artículos que imponían la renovación. Los vocales del CGPJ aprobaron dicha suspensión.


Robles y Almenar, de la mano
Entre los que votaron a favor o se abstuvieron, figuraban personas de todos los grupos de interés presentes en el Consejo. Del mismo modo, cinco vocales emitieron un voto particular contrario a dicha suspensión. Sorprendentemente este voto particular iba firmado por los vocales  Margarita Robles,  propuesta por  Jueces para la democracia y apoyada por el PSOE y Manuel Almenar a quien presentó en su día la  APM y cuyo nombramiento apoyó el Partido Popular. Con ellos, los vocales Margarita Uría, que llegó de la mano del PNV, e  Inmaculada Montalbán y Félix Azón ambos procedentes de  Jueces para la Democracia.


Batiburrillo ' ideológico'
Este batiburrillo  'ideológico', puede tener relación con el enigmático retraso de nombrar magistrados en el TSJM, según señalaron las mismas fuentes: “Lo cierto es que en CGPJ no se sabe muy bien ahora que puede pasar a la hora de las designaciones. Han variado  'las fuerzas', pero tampoco de un forma clara. Durante un tiempo, Manuel Almenar y Margarita Robles se ponían de acuerdo y eso era lo que finalmente se decidía. Ahora ya no es así, la decisión no sigue esos derroteros. Estos nombramientos del TSJM es posible que vayan lentos a causa de esta situación. Eso sí, en el caso del magistrado autonómico, cuando se deba designar, no hay duda, lo más probable es que su nombramiento lo decida el  Partido Popular”.