Jueves, 30 de Octubre de 2014
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Andalucía recurrirá el copago sanitario
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El departamento andaluz del ramo ha reaccionado así “una vez conocida la letra pequeña” de este Real Decreto, del que ha dicho supone una “auténtica contrarreforma” del modelo actual del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la par que lo retrotrae “a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70, donde sólo tenían derecho a la prestación sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social y la beneficencia”.

Desmantelar el Sistema Nacional de Salud
“Se confirman los temores que se venían anunciando desde esta Consejería sobre la intención del Gobierno central de desmantelar el SNS, tal y como lo conocemos hoy en día”, han dicho desde esta Consejería andaluza, desde la que también se ha advertido de que el texto del Decreto “pone en jaque” una de sus características básicas: “el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública”.

Volver a los años 70
Entiende así el Ejecutivo autonómico que con la aprobación de este texto, el Gobierno de España “cambia en la práctica” el modelo que hasta ahora había permitido conformar un sólido SNS “y se retrotrae a la normativa de los años 70/80 (del siglo pasado), previa a la Ley General de Sanidad”.

Derecho universal
Entonces, recuerdan desde esta Consejería, existía un modelo de aseguramiento que se superó cuando se conquistó (por esta norma del 86) un derecho universal que garantiza la protección de la salud a todos los españoles. “Este cambio de modelo (ahora) significa que se pasa de una sanidad pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos a una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia”, han insistido desde Salud, tal y como también vienen reiterando en los últimos días su responsable en funciones, María Jesús Montero.

Embate a la justicia social
“Se trata, en definitiva, de un embate a la justicia social y al Estado de Bienestar que impacta sobre todo en las clases medias, en las duras circunstancias económicas que sufre el país que son, por otra parte, los que más contribuyen a su sostenibilidad”, han proseguido en su argumentación.

Dudas sobre la legalidad de la reforma
Sea como fuere, desde esta la Consejería han puesto “en duda” de que el Gobierno pueda utilizar un Real Decreto de Medidas Urgentes para introducir cambios estructurales sobre el sistema sanitario, por lo que ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando la norma para ver cómo afecta a la Constitución, a las competencias autonómicas y a las leyes orgánicas como la de Extranjería.

Perder derechos
Para el Gobierno andaluz, con este Real Decreto los ciudadanos “pierden su derecho universal” a la protección de la salud y la atención sanitaria y se sustituye por la condición de asegurado, “una condición que tiene que ser reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que se limita a trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pensionistas, parados que reciban prestación por desempleo y demandantes de trabajo; así como los antiguos colectivos pertenecientes a la beneficencia (personas que acreditan no tener ningún tipo de recurso)”.

Jóvenes y estudiantes sin cobertura
Como ejemplo, desde Salud exponen que los jóvenes mayores de 26 años y sin empleo previo, principalmente estudiantes, “no tienen derecho a la atención sanitaria no urgente salvo que soliciten y acrediten estar por debajo de los ingresos que se determinen reglamentariamente”.

Vuelta a la beneficiencia
“Se vuelve, por tanto, a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70, donde sólo tenían derecho a la prestación sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social y la beneficencia”, han reprochado. Insisten que el Decreto establece también el copago sanitario en la denominada cartera suplementaria, donde se incluye el transporte sanitario no urgente –aunque éste cuente con indicación médica–, prestaciones ortoprotésicas y productos dietoterápicos.

Castiga al bolsillo
La norma establece la fórmula para que los ciudadanos tengan que aportar en estas prestaciones la misma cantidad de dinero que en los medicamentos. “Se vuelve así a castigar el bolsillo de los ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos de recesión económica”.

Ejemplo de solicitud de ambulancias
Así, y a modo de ejemplo, Salud explica que “una ambulancia cuesta alrededor de 60 euros diarios de manera que, por ejemplo, alguien que acuda a rehabilitación todos los días para recuperar la movilidad tendrá que hacer frente a un importante desembolso”. Hay que recordar que los colectivos que se benefician de esta prestación son las personas que requieren rehabilitación, pacientes en hemodiálisis o personas en tratamiento oncológico y siempre cuentan con indicación facultativa.

Los pensionistas pagarán un 10 por ciento
A este nuevo copago, prosigue la Junta andaluza, se suma el ya anunciado incremento en la aportación que hacen los ciudadanos sobre los medicamentos. “Con este nuevo sistema impuesto por el Gobierno del PP, por primera vez en la historia del SNS, 1,5 millones de pensionistas andaluces que hasta ahora no pagaban nada por sus medicinas tendrán que empezar a pagar el 10 por ciento de los medicamentos que necesiten”, en consonancia con la advertencia lanzada también semanas atrás por Montero. Continúan que “más allá de este copago”, el Decreto supone fundamentalmente un cambio de modelo y “abre la vía al desmantelamiento del SNS tal y como viene funcionando desde el año 1986, en el que se aprueba la Ley General de Sanidad”.

Contra las autonomías
Además, concluye que también limita la capacidad de las comunidades autónomas y supone una recentralización de las competencias en materia de sanidad “bajo la coartada económica”. Como ejemplo, el Ministerio de Sanidad “imposibilita que una comunidad incluya alguna prestación adicional a la cartera de servicios básica endureciendo y supeditándola en todo caso a los planes de ajuste y a la estabilidad presupuestaria que tienen que ser aprobados por el Gobierno Central”.

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