Por el contrario, cuando se ha conseguido un derecho fundamental del que ya se ha disfrutado, perderlo es mucho más que perder el contenido concreto del derecho en sí, significa enterrar toda la ilusión, el trabajo, significa que se intenta enterrar la idea que lo hizo posible; es un intento de enterrar no sólo el contenido del derecho, sino de enterrar la posibilidad de pensar que los avances que se producen están seguros, es como devolver a la gente a los puestos de salida. Es tratar de borrar el camino. Que te arrebaten un derecho conseguido supone tratar de infligir una humillación personal a cada una de las personas sobre las que dicha privación se dirige.

El PP está recortando derechos sociales, laborales, económicos, está inmerso en una campaña a la que no se le ve el final  y a cuyo término todos seremos más pobres, más vulnerables y estaremos más desprotegidos ante los verdaderos poderes, todos tendremos vidas más difíciles y con menos posibilidades. Esta campaña de desposeimiento de las personas corrientes,  se está dando en toda Europa y aun no sabemos cómo enfrentarnos a ella.

Además, el PP ha decidido dar una vuelta de tuerca más a la cuestión y suprimir derechos que afectan de manera fundamental a mujeres y a personas homosexuales. Suprimir derechos que nos han hecho iguales para convertirnos, por decreto y de nuevo, en ciudadanos de segunda resulta ahora especialmente insoportable. Suprimir derechos que las mujeres o gays y lesbianas hemos conquistado tras décadas de lucha, que son aceptados por la mayoría y por la práctica totalidad de los países de nuestro entorno cercano, es rebajarnos por ley a la categoría de ciudadanas de segunda.

Porque decida lo que decida el Constitucional, los matrimonios entre personas del mismo sexo ya contraídos no se van a deshacer,  lo que instauraría una situación en la que unas personas gays y lesbianas habrían podido acceder a la igualdad, mientras a los demás se les dice que se queden fuera, creando una intolerable situación de discriminación entre unos y otros. Y aquellos que permanezcan casados sufrirían, además, la sensación de que su situación social, lejos de normalizarse con el tiempo, se verá desde el principio sometida a una doble presión estigmatizadora: convertirá a estos matrimonios en una especie en extinción, los últimos en ser iguales, aquellos sobre los que se ha decretado que ya no lo son. Y esto es aún mas intolerable cuando esta decisión se pretende tomar  en contra de todas las recomendaciones europeas, en contra de la historia y del sentido en el que va el resto del mundo.

En cuanto al derecho al aborto, lo mismo. Es el derecho de las ciudadanas a disponer libremente de sus cuerpos y capacidad reproductiva, es un derecho de los considerados fundamentales por las mujeres feministas; es un derecho consolidado en nuestro entorno y que aquí no levantaba más críticas que las de los ultras. Estamos hablando de algo tan sumamente personal y “encarnado” para nosotras como sentir que nuestra voluntad para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo es la instancia que se atiende. Nadie habla de ilegalizar el aborto, de lo que se habla es de someter a las mujeres al permiso previo del Estado, de los médicos, de los expertos. Lo que se pretende es demostrarnos que no es nuestra voluntad la que cuenta a la hora de decidir sobre nuestra maternidad. Lo que se va a hacer es permitirnos abortar pero después de que admitamos que estamos enfermas, locas, deprimidas y después de que una instancia fuera de nosotras mismas nos expida el correspondiente permiso. Abortaremos en la misma medida, pero sometidas a la autoridad del padre.

No es lo mismo no avanzar rápido en la consecución de derechos que afectan a nuestra identidad y a nuestros cuerpos, que son profundamente personales, que perderlos una vez conseguidos El PP no sólo está gobernando contra la inmensa mayoría con sus medidas económicas. Su sector más ultra le exige, además, que humille a una minoría como las personas lesbianas y gays y que, además, demuestre a las mujeres que sus cuerpos siguen teniendo que estar sometidos a los designios del estado. Estas dos leyes restrictivas no tienen otra utilidad que mandar un mensaje: el de que aquí manda no sólo el neoliberalismo, sino el neoliberalismo misógino y homófobo de la iglesia católica.

Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
http://beatrizgimeno.es