El comisionista Luis Medina ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, donde ha cargado duramente contra el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida sobre varios contratos de material sanitario.

En el recurso, el letrado de Medina que no se puede permitir que el propio Ayuntamiento de Madrid se persone como "acusación popular", ya que "ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos", según recoge 'El Mundo'. 

De tal forma, el abogado Carlos Texidor indica que "de las actuaciones no se desprende que el Ayuntamiento se haya visto afectado ni perjudicado por los hechos investigados". Y es que pese a que el juez ofreció a la alcaldía acciones penales, el oCnsistorio se ha personado como acusación particular donde se investigan los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental.

"Según lo declarado por Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción el día 16 de marzo de 2021, lo cierto y verdadero es que en cuanto a las mascarillas no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros", indica el mencionado escrito.

Además, el letrado recuerda que el Ayuntamiento sí que denunció a la consultora Sinclair and Wilde, por vender al Ayuntamiento de Almeida 500.000 mascarillas FPP2 defectuosas y que nunca se hizo en su caso.

Así, sobre los guantes, que "no eran de la calidad que se esperaban", el Ayuntamiento pidió a su socio Alberto Luceño que "solucionara el problema, procediéndose en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros, que era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado".

E insiste indicando que "es muy importante resaltar que a la señora Collado el precio de los guantes que finalmente adquirieron le pareció adecuado" y que "el asunto se dio por concluido" debido a que "el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación".

"En cuanto a los test, el problema consistió en que uno de los lotes tenía poco reactivo, pero ese líquido ya les había llegado y a día de hoy, no le consta a mi parte que no funcionaran, puesto que el Ayuntamiento lo habría reclamado", añade sobre el otro contrado el abogado de Luis Medina.

"También ha de tenerse en cuenta que este asunto se está comenzando a instruir por el Juzgado y, que, el Ayuntamiento, es una de las partes firmantes de los negocios investigados (aceptándolos plenamente y rubricándolos), y en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución, por lo que no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular, a una parte que por su participación en los contratos puede acabar siendo investigada", concluye el abogado dejando la puerta abierta a que el Consistorio de Martínez Almeida