El candidato del PP al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha señalado que RTVE “va a perder las elecciones” y espera que “al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan”.

De esta manera tan directa se ha pronunciado en referencia a la entrevista de la periodista Silvia Intxaurrondo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que el gallego aseguraba que su formación había revalorizado las pensiones, un dato que fue desmentido por la informadora.

Parece obviar, sin embargo, cómo fue su polémico paso por Canal 9 durante su etapa como conseller en la Generalitat Valenciana, época que estuvo cargada de controversias, siendo una de las más sonadas su supuesta implicación en la trama Gürtel. Una de las piezas que se desprenden del caso tiene que ver con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, año en el que Francisco Camps se situaba al frente de la Generalitat y Pons ostentaba la consellería.

La firmeza de Pons con la visita del Papa a Valencia

Por partes, y siguiendo una cronología de hechos que explican de manera detallada Los Genoveses, el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se puso en contacto con la Generalitat y con el Foro de las Familias Cristianas, obedeciendo así los pasos que se siguen para este tipo de eventos. Sin embargo, el Ejecutivo socialista se topó, por un lado, con las malas formas por parte del gobierno valenciano y, por otro, con la negativa a colaborar con Moncloa pese a la importancia del hecho.

Así las cosas, la Generalitat comunicó al Gobierno del expresidente que ellos se ocuparían de todo salvo de las cuestiones de seguridad y lo relativo a la reunión entre el líder del Ejecutivo y el máximo responsable de la Iglesia Católica. En este sentido, la Generalitat insistió en que las cuestiones que tenían que ver con los medios de comunicación corrieran a su cargo.

Pese a ello, Gabriela Cañas, por aquel entonces directora general de Comunicación Internacional, y el entonces secretario general de Presidencia, propusieron una reunión con el equipo regional para analizar la cuestión y solo encontraron trabas. Para empezar, Pons se negó a que las conversaciones se celebraran en la Delegación del Gobierno e impuso que se desarrollaran en la misma Generalitat.

Para más incredulidad del Gobierno Central, los dos representantes de Moncloa y los del Foro de las familias fueron recibidos con la espera y con el único mensaje por parte de Pons de que no había nada que hablar acerca de la señal institucional, pues sería Canal 9 quien retransmitiría la visita.

En lo que respecta al Gobierno del momento, los socialistas optaron por no entrar en el cuerpo a cuerpo y, poniendo siempre por delante la visita y la importancia de esta a las polémicas políticas, se limitaron a ocuparse de la seguridad, el protocolo y la comunicación en lo que afectara a la vida del presidente.

Acusado en Gürtel

Pasados los años, el exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, señaló que recibió instrucciones de Camps y Pons en el marco de la Gürtel, concretamente en lo respectivo a supuestas contrataciones ilegales por parte de Canal 9 durante la visita del Papa a Valencia.

García Gimeno -una de las personas que había pactado con la Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la Justicia a cambio de una rebaja de la pena- recordó en 2020 que el arzobispo de Valencia le comunicó que tenía interés en que RTVV se encargara de la señal de la televisión durante la visita histórica del pontífice en julio de 2006, así como de la instalación de pantallas y megafonía para que los participantes pudieran continuar el evento a lo largo y ancho de la ciudad.

En su declaración, contaba que había recibido “una llamada telefónica del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps”, en la que le había dicho que “no dijese que no a ningún requerimiento que viniese de la organización y que diese todas las facilidades para que las peticiones se llevasen a cabo”.

En la misma línea, añadía que en febrero de ese mismo año recibió una llamada de Pons en el que le contaba que el responsable de Gürtel en Valencia y también acusado, Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes’, estaba molesto porque le habían dejado fuera de las contrataciones de la visita y que “había que darle el tema de las pantallas y la megafonía”.

Por esto, la RTVV habría contratado -siempre según la persona que hace las declaraciones- a Teconsa, una empresa instrumental del grupo encabezado por Francisco Correa, según la Fiscalía. Por todo, Gimeno asumió estar “arrepentido” de haberse “dejado llevar” y haber “caído en la tentación”. “Recibía -en RTVV- muchas órdenes políticas tanto para contenidos de los informativos como de contrataciones, lo que ya era habitual con mis antecesores”, apuntó.

Montante millonario

La Justicia estimó que utilizando gestiones realizadas por Juan Cotino -entonces consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación- los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos por valor superior a siete millones de euros por la instalación en las calles de la ciudad de pantallas y torres de sonido, de cuyo gasto se habría hecho cargo la RTVV, con unos sobrecostes que les aseguraba repartirse beneficios.

En concreto, se habrían repartido presuntamente 3.387.197 euros entre Pedro García Jimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín, este último asesor fiscal de empresas de la trama.

Defensa de Pons

‘El Bigotes’ también implicó a Pons en al amaño de dos contratos para la trama en Valencia, algo que el vicesecretario general del PP calificó de “inverosímil” y de más de “lo mismo”. "Exactamente lo mismo y algo más, igual de inverosímil, se lo contaron tanto él como otra condenada que se llama (Isabel) Jordán, a dos jueces de instrucción en el año 2019 y ambos jueces lo archivaron de plano, sin más”.

El cierre de RTVV fue un “error”

La Generalitat Valenciana anunciaba en noviembre de 2013 el cierre de RTVV después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que había declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).  El propio Pons apuntaba seis años después que la decisión llevada a cabo por el Ejecutivo valenciano, presidido por Alberto Fabra en el momento del fin de la cadena, fue “un error”, pero que “una vez cerrada, volverla a abrir cuando necesitas el dinero para otras cosas a lo mejor contablemente lo puedes justificar, pero es inexplicable para los ciudadanos”.

Con ello, defendió que la situación en la que se encontraban en 2017 -cuando prestó estas declaraciones- los centros de menores en la Comunitat no era la mejor y que no procedía gastarse 50 millones de euros. Asimismo, preguntó si “de verdad era una prioridad” abrir una cadena pública cuando se estaban “cerrando escuelas rurales” que el PP “jamás cerró” y en un momento en el que el territorio no estaba cumpliendo el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea.