Muy pocas personas se atreverían a subirse a un barco rumbo a un destino incierto. Aún más, embarcar en la tripulación a sus seres queridos. “Nadie deja su hogar salvo que su hogar sea la boca de un tiburón” es la frase de la autora Warsan Shire que refleja del todo la clave de esta cuestión. No es algo nuevo. Cada año, los boletines informativos comunican sobre la llegada de miles de migrantes a las fronteras europeas, también sobre las vidas que se traga el mar. Pero Europa sigue sin mirar o si lo hace, mira a otro lado, al lado opuesto de sus costas fronterizas donde se unen mar y tierra, y cientos de personas pierden la vida por una oportunidad.

La tragedia en Calabria ha vuelto a remarcar la necesidad de que la Unión Europea establezca mecanismos legales y seguros en la migración de las personas. El pasado martes, las organizaciones registraban la muerte de al menos 64 personas al sur del país italiano. Dos días antes, en las orillas de la localidad de Crotone aparecían decenas de cadáveres en la arena. La embarcación llevaba a bordo a 250 migrantes, las autoridades todavía buscan al resto de pasajeros que continúan en paradero desconocido en las aguas de Steccato di Cuatro.

Los equipos de rescate han conseguido salvar con vida a medio centenar de personas de los que 22 se encuentran hospitalizados en estado crítico. Casi la mitad de los ingresados son menores de edad. El naufragio de Calabria podría ser la peor tragedia registrada en la ruta del Mediterráneo, camino que desde 2014 se ha cobrado la vida de más de 20.500 personas, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). En lo que llevamos de año, las cifras siguen aumentando con el registro de 284 personas fallecidas.

La respuesta de Europa es racismo

“Los naufragios en el mar son totalmente evitables, hay que hablar sobre vías legales y seguras para poder migrar”, dice Bárbara Bécares, responsable de Comunicación de la organización No Name Kitchen (NNK). Desde NNK alertan sobre este aspecto al aclarar que “las personas no se estarían jugando la vida en el mar y no morirían niños y niñas” si desde Bruselas se establecieran estos cauces legales, petición que los organismos llevan pidiendo hace décadas ante el elevado registro de fallecidos en las fronteras cada año.

Pero el desembarco de aquel fatídico domingo se podría haber evitado. Un día antes, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), junto a la Guardia di Finanza italiana, ya había avistado el barco en el que viajaban a bordo varios migrantes, pero ambos cuerpos alegaban que no salieron a su rescate por el estado del mar. Tampoco la Guardia Costera salió a su auxilio pese a su capacidad y competencias. El cuerpo europeo ya ha sido denunciado por su pasiva actuación de devoluciones ilegales en caliente en la frontera greco-turca, así como el empleo de la violencia para evitar que las personas lleguen a su destino con el objetivo de solicitar asilo.

Los ciudadanos de Siria, Afganistán y Turquía continúan en lista de espera a la respuesta de su solicitud de asilo 

Por ello, la asociación considera que “las políticas de la Unión Europea son políticas racistas que discriminan a las personas por su pasaporte, por su religión y por su color de piel”. Una respuesta que Bruselas ya ha demostrado ante su preocupación y su actuación rápida, coordinada y en conjunto con los países miembro en la crisis de refugiados por la guerra de Ucrania iniciada por Rusia. No solo la Comisión Europea de Ylva Johansson concedió asilo en forma de empleo y residencia temporal a los ciudadanos ucranianos que se desplazaban a las fronteras de Kiev, sino que también los Veintisiete se plantean dar luz verde a una prórroga de un año más de esta protección temporal.

Aquellos que siguen sin tener protección temporal son los ciudadanos de Siria, Afganistán y Turquía quienes llevan en lista de espera muchos años más que los 365 días en los que Europa decidió ofrecer su ayuda a los refugiados ucranianos. En concreto, las peticiones de asilo de los tres países acumulan más de 300.000 solicitudes a la espera de recibir protección temporal por parte del espacio europeo. Para los que no pueden permitirse aguardar debido a la violencia y a los conflictos permanentes que se convierten en rutina diaria, deciden embarcarse a un viaje por mar. Los centenares de personas que viajaban en el barco en Calabria habían partido de Turquía. La mayoría huía de Irán, Afganistán y Pakistán. 

La "hipócrita" política migratoria de Bruselas

La organización denuncia esta "hipocresía" en la actuación de Bruselas cuyo discurso se basa en alegar la falta de capacidad “para alojar a una persona durante un tiempo y que pueda tener una vida estable”. “Ahora nos está dando la razón y la Unión Europea sí tiene esta capacidad”, continúa. Esta muestra de discriminación en las políticas ya las avisaba el Alto Comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en sus declaraciones tras la actuación violenta de los gendarmes marroquíes y agentes españoles en la ciudad transfronteriza de Melilla y Nador cuando las autoridades confirmaron el fallecimiento de 24 personas. “Algunos países no quieren inmigrantes, sobre todo, que sean demasiado distintos a nosotros por cuestiones religiosas o étnicas”, decía en una entrevista con Cadena SER.

La responsable de Comunicación de NNK ha lamentado la situación de los refugiados y ha señalado que realmente “los llaman refugiados, pero no tienen refugio”. “Son personas que han escapado de su país por una necesidad muy grande o porque su país está en guerra o mira lo que ocurre en Afganistán con un gobierno dirigido por los talibanes”, ha explicado. La Carta Internacional de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a buscar y disfrutar del asilo de otros países si ven amenazadas en su propio país, derecho incorporado en la Convención Relativa al Estatuto del Refugiado en 1951.

Los llaman refugiados, pero no tienen refugio

Desde la Comisión Europea, la presidenta Ursula Von der Leyen señalaba este lunes que “la migración es un reto europeo al que debe darse una respuesta europea”. Pero a su vez sigue insistiendo en que la tragedia en la costa calabresa se trata de una competencia nacional para el Gobierno de Meloni, algo que podíamos esperar, ya que Bruselas nunca se ha caracterizado por mojarse. NNK alerta que “al final lo que se consigue son unas leyes de derechos humanos basadas en los países vecinos para que se encarguen de mantener a los migrantes más lejos de nuestras fronteras y esto significa mandar dinero a terceros países y que mantengan a las personas lejos de nuestras fronteras a costa de lo que sea y si tiene que ser con violencia, pues con violencia”.

La industria de la “solidaridad” del control migratorio

Pero volvemos a lo mismo. Lo que ocurre en las rutas migratorias y en las fronteras europeas en la actualidad es una de las consecuencias de la larga lista de consecuencias que acumula la propia UE en base a sus intereses económicos, como lo es en toda empresa: los beneficios. Algunos países vecinos como Austria y Grecia ya demostraban su peculiar “solidaridad” ante la tragedia producida en sus fronteras al reivindicar a través de una misiva la urgencia por “avanzar de forma tangible” en el control de todas las rutas de migración irregular, así como también han pedido destinar “fondos adicionales” para reforzar la frontera exterior común.

Mientras Bruselas lanza la patata caliente a los Estados miembros, también sigue invirtiendo fondos. En concreto, lo hace en el programa Horizon Europe con un presupuesto de 95.500 millones de euros para el período de 2021-2027. Los ingresos totales ascienden a 30.000 millones de euros destinados a la migración y al control de las fronteras. En el caso de Frontex, el presupuesto va aumentando cada año donde se prevé que alcance una partida total de 11.000 millones de euros.

Von der Leyen incidía el pasado lunes en que la Comisión ha puesto en marcha un plan de acción para el Mediterráneo central con “soluciones operativas”. Entre ellas, la UE dará medidas para tener una “cooperación mejorada” con los países de origen o de tránsito, fortalecer las capacidades de gestión de las fronteras, así como la voluntad de 21 Estados miembros de comprometerse a participar y hacerse cargo de los costes de la distribución “solidaria” de solicitantes de asilo. Pero no es solidaridad lo que encontramos en sus fronteras ni en sus agentes, ni en el de los propios Estados.

A principios de febrero, los Veintisiete se plantean fortalecer y acelerar los acuerdos de Frontex con “terceros países seguros”. Los organismos internacionales denuncian estos acuerdos que agilizarían no la entrada de los migrantes, sino al contrario, el rechazo de acceso a los mismos basándose en este concepto sin valorar la situación de las personas. También, la UE se plantea levantar muros y vallas con dinero europeo, una iniciativa propuesta por la extrema derecha que España, Alemania y la propia Comisión Europea por el momento descartan.

Europa ha destinado 11.000 millones de euros al control migratorio en sus fronteras

El naufragio de Calabria ha sucedido a pocos días del nuevo decreto impuesto por la ultraderechista Giorgia Meloni para limitar las actividades de las organizaciones internacionales en sus labores de búsqueda y rescate. El ministro de Interior ha culpado a los propios migrantes de lo sucedido en la ruta del Mediterráneo, la más letal para acceder al espacio europeo, al igual que la ruta canaria.

“Me encantaría estar orgulloso de lo que hacemos los europeos, pero solo puedo estar avergonzado cuando pienso que podríamos haber salvado a miles de personas en el Mediterráneo. Nuestros valores europeos también se ahogan en el mar cuando salvar vidas está más perseguido y castigado que dejar a las personas morir”, decía en 2019, Erik Marquardt de Los Verdes.

Para los que no pueden prolongar su situación debido al conflicto y la violencia, el mar se convierte en su única opción. Más que una opción, un derecho. Migrar es un derecho humano. Lo dice el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al señalar que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado de su preferencia”.