La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, quien habría solicitado su imputación por prevaricación y malversación en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta del Hierro. Con motivo de esta información, de entre la maraña de tuits emergió un pensamiento comprimido en 140 caracteres de la exdirigente conservadora del 2014 que coge fuerza tras la petición de Anticorrupción.

En el mes de noviembre, pero de hace siete años, Esperanza Aguirre contemplaba cómo la Guardia Civil organizaba una macrorredada que se saldó con la detención de 50 personas, entre ellas el que fuera número dos del PP de Madrid y exconsejero autonómico, Francisco Granados. A la luz de los acontecimientos que se avecinarían – Caso Púnica -, la exlideresa echó balones fuera, insinuando que se había rodeado de la gente equivocada, y optó por proponer “seis medidas contra la corrupción”.

Tras la detención del que fuera su número tres, las miradas se posaron sobre la figura de la expresidenta regional. Aprovechando su poder de atracción, publicó en redes sociales una serie de reflexiones que le situarían como víctima y firme defensora de la pureza política frente a la lacra de la corrupción.

Por eso, tras admitir que cometió “errores graves en la elección y vigilancia de colaboradores corruptos”, propuso la “posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción”. Aguirre lo justificaba de la siguiente manera: “Si todos los imputados por el caso Gürtel estuvieran en la cárcel desde que fueron descubiertos, otros hubieran evitado caer en la tentación”.

La petición de la fiscalía

Regresando al tiempo presente, momento de la historia que rima en consonante con el tuit de 2014, este lunes la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de la propia exlideresa por prevaricación y malversación en el caso de la reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro. Según la información avanzada por ABC, ésta se habría perpetrado sin procedimiento administrativo, por lo que presuntamente causó un quebranto superior a 10 millones de euros.

En diciembre de 2020, la Anticorrupción presentó una querella contra Elena de Mingo, responsable de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del mencionado centro hospitalario.

Las pesquisas avanzaron hasta corroborar la presencia de indicios que permiten concluir que “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro. Además de sustentarse en una resolución que “no existió”.

Una imputación más

Con esta son ya dos causas en las que aparece el nombre de la exlideresa conservadora, contando con la pieza 9 del caso Púnica que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Aguirre figura como imputada en esta pieza desde septiembre de 2019, cuando el magistrado que investiga la causa emitió un auto en el que aseguró que apreciaba “indicios racionales” de que la exlideresa “ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba”, amén de ser la “supervisora última” de las “sinergias” entre los consejeros de su confianza. “Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad”, indicó el juez.