El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado las sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno a un informático de veintinueve años que reclamaba su derecho a pasear desnudo por la calle. El joven llamado Alejandro Colomar ha mantenido una larga batalla jurídica para que se le retirasen unas multas puestas como consecuencia directa de la popularmente conocida como 'Ley Mordaza'.
A pesar de que un juzgado de Valencia dictaminó que las sanciones debían ser anuladas, la apelación interpuesta por la Abogacía del Estado ha llevado el caso al TSJCV que ha determinado que, aunque la conducta nudista no está amparada por el derecho a la libertad ideológica, tampoco vulnera la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, se ha comprobado que no existía una ordenanza municipal en el municipio de Aldaia, lugar donde ocurrieron los hechos, que expresamente sancione la acción.
Según los magistrados, debido al “vacío legal apreciado”, la acción cometida por Alejandro "no merece reproche desde el punto de vista del derecho sancionador administrativo", de esta forma se desestima el recurso de apelación. Aunque sí reconocen que se trata de "una cuestión jurídicamente compleja".
Por su parte, la Abogacía del Estado insitía en que el joven circuló desnudo delante de menores, ante lo que la sentencia ha respondido que “no hubo incitación ni se comprometió la libertad sexual de terceros respetándose su indemnidad, ni tampoco la situación de desnudez resultó ofensiva o molesta para las personas que lo presenciaron”, concluyendo que “no se aprecia ninguna actuación sexual”. Sin embargo, la sentencia no es firme y podrá ser recurrida de nuevo ante el propio TSJCV o la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Desnudo en los juzgados
El pasado septiembre, Alejandro se presentó desnudo en los juzgados a modo de protesta. Lo que desencadenó que su peculiar caso trascendiera en redes sociales y multitud de curiosos se acercasen a conseguir la foto del 'nudista de los juzgados', quien una vez allí fue interpelado por los responsables de seguridad del recinto (la Policía Nacional avisada por la Guardia Civil) para que se vistiera antes de declarar ante el juez.
