El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “estudia presentar de forma inminente” una dimisión en bloque, según han informado fuentes cercanas a este sector a ElPlural.com este jueves. La idea no es nueva, pues el vocal de este sector Álvaro Cuesta, ya hizo esta propuesta hace tres años. La posibilidad de la dimisión en bloque ha vuelto a la palestra después de que su compañera Concepción Sáez haya presentado su renuncia al presidente, Rafael Mozo, ante el bloqueo de renovación impuesto por el Partido Popular. Para debatir la 'idea' los vocales progresistas se reunirán este viernes.

La jurista confirmaba su decisión a través de una misiva al presidente, y en ella destacaba que su continuidad es "inútil" y explicaba su "incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias”. Asimismo, destacaba que, a pesar de que el mandato del CGPJ expiró en 2018 y la mayoría conservadora no representa la actual situación del Parlamento y el bloqueo sitemático del PP a realizar cualquier tipo de reforma, considera que se le ha acabado la "paciencia".

Si el presidente acepta la dimisión de esta vocal, y ese ‘estudio’ de sus compañeros se lleva a buen puerto se producirá una situación sin precedentes, pues el CGPJ se quedará con tan solo 10 vocales más el presidente, el número mínimo e imprescindible para poder conformar el pleno. Según el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el número mínimo de vocales necesario es: “En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de doce de sus miembros. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez Vocales y el Presidente”.

Actualmente, de los 21 miembros con los que debería contar el CGPJ, el consejo solo cuenta con 18 tras la dimisión del expresidente Carlos Lesmes, la jubilación del vocal Rafael Fernández Valverde, y el reciente fallecimiento de la progresista Victoria Cinto, a lo que se suma, si Mozo lo admite, la dimisión de Concepción Sáez.

El problema real, con consecuencias inauditas para la Justicia, es que Mozo se jubila en julio, lo que si hay una dimisión en bloque del sector progresista dejará al CGPJ sin poder validar nada en un pleno porque no se alcanzaría el mínimo de asistentes que requiere la ley. Aunque existen precedentes de vocales que han seguido en su puesto superada esa edad, las fuentes consultadas explican que no es legal y que Mozo, una vez llegue a la edad de jubilación como magistrado de la Audiencia Nacional también deberá cesar como presidente en funciones y vocal del consejo.

Consecuencias reales

Preguntadas las fuentes sobre qué sucedería o qué podría suceder en caso de que el pleno no tuviera suficientes miembros, las fuentes del CGPJ consultadas aseguran que esto implicaría consecuencias tan serias como que, por ejemplo, aunque Pedro Sánchez convoque las elecciones generales para diciembre de este año, no se podrían celebrar porque las insaculaciones de las juntas electorales se hacen a través del Consejo General del Poder Judicial y se validan en el pleno.

Otra consecuencia sería que no se podrían nombrar magistrados de refuerzo, hay que renovarlos cada seis meses, lo que provocaría un colapso en los diferentes juzgados españoles que cuentan con estos jueces para evitar el hundimiento del juzgado. Como ejemplo de esto, por ejemplo, es el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que, actualmente tiene dos magistrados de refuerzo debido al gran número de casos de corrupción que se están instruyendo, o que la disciplinaria tampoco podría sancionar a nadie.