El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha emitido un auto en el que afirma que no procede otorgar la autorización interesada por el presidente del Senado para que el acusado José Luis Ábalos, en prisión provisional comunicada y sin fianza, asista a la comparecencia señalada para el próximo 8 de enero a las 10:00 horas en la comisión de Investigación sobre el caso Koldo, formada en la Cámara Alta, sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y con las demás personas vinculadas a la trama investigación en la operación Delorme.

Esta decisión deja, por el momento, la declaración del exministro en el aire y, por otro lado, tira por el suelo la intención del PP de opacar la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la juez de la DANA. Una declaración prevista para este mismo viernes.

Singular premura

En su auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, Puente afirma que, ante la singular premura de la solicitud referida, no es posible otorgar la autorización interesada, lo que se pondrá en conocimiento de la Presidencia del Senado por el método más rápido posible ante la inmediatez de la comparecencia señalada por la comisión de Investigación, debiendo comunicarse también lo resuelto por el conducto ordinario normativamente previsto.

Una premura que solo se ha dado cuando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra señaló la citación de Feijóo como testigo y, a su vez, le pidió que enviara los mensajes de WhatsApp que el líder de los populares le había enviado la tarde y noche del 29 de octubre de 2024 al entonces presidente valenciano, Carlos Mazón.

Por último, añade el magistrado del Tribunal Supremo en su resolución que adopta esta decisión sin perjuicio de que, si ésta así lo decidiera, pueda reproducirse la solicitud en (y para) un momento posterior sobre ella con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes, incluyendo a la Fiscalía Anticorrupción, así como a la defensa del propio José Luis Ábalos.