La tensión entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ha dejado de ser soterrada para convertirse en un choque institucional cada vez más explícito, con profundas derivadas jurídicas y políticas. En el centro de esa colisión se sitúa ahora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo anunciado recurso para intentar anular su condena y su reciente recolocación como fiscal de lo Social del Supremo han acelerado una confrontación que llevaba semanas gestándose en los despachos judiciales.
La clave de este enfrentamiento reside en las mayorías opuestas que dominan ambos tribunales. Mientras el Supremo mantiene una composición claramente conservadora, el Constitucional opera con una mayoría progresista que en las últimas semanas ha comenzado a tumbar resoluciones relevantes del alto tribunal, cuestionando su doctrina y señalando posibles vulneraciones de derechos fundamentales. El ambiente es de máxima expectación ante el recurso que García Ortiz prevé presentar ante el TC, considerado por muchos juristas como el auténtico punto de no retorno de esta batalla institucional.
Pero incluso antes de que ese recurso llegue formalmente al Constitucional, el conflicto ya se libra en otros frentes. Uno de los más sensibles es el nuevo destino profesional de García Ortiz dentro del propio Supremo. Desde sectores conservadores de la carrera fiscal se sostiene que la inhabilitación impuesta por el Supremo debería impedirle ocupar cualquier puesto en el Ministerio Fiscal. Frente a esa tesis, la fiscal de Sala Teresa Peramato defendió en un decreto del pasado 23 de diciembre que la condena se limitaba estrictamente al cargo de fiscal general del Estado, sin afectar a su condición de fiscal de carrera ni a la posibilidad de desempeñar otros destinos.
Ese desacuerdo técnico esconde, en realidad, una disputa de fondo sobre los límites del poder judicial y la interpretación de las sentencias penales. No es la primera vez que el Constitucional corrige al Supremo en asuntos de este tipo. En las últimas semanas, el órgano de garantías ha anulado varias resoluciones del alto tribunal, alimentando la percepción de que se está produciendo una desautorización sistemática.
El precedente que tensiona aún más la relación entre tribunales
El ejemplo más significativo ha sido la reciente decisión del Constitucional, con ponencia del magistrado Ramón Sáez, de anular dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que habían tumbado por dos veces el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, designado en su día por la entonces fiscal general Dolores Delgado. El Supremo consideró que el nombramiento no respetaba los principios de mérito y capacidad, al entender que Esteban carecía de experiencia específica en menores.
El Constitucional, sin embargo, ha desmontado esa doctrina y ha dictaminado que el Supremo se excedió en su control, vulnerando el derecho a la igualdad. Según el TC, el alto tribunal ignoró otros cargos relevantes desempeñados por Esteban —como su etapa como fiscal ante el propio Constitucional— y desvirtuó el régimen legal de libre designación. “Se observa que la decisión del órgano judicial no solo desvirtúa el régimen legal de nombramiento, con la consiguiente quiebra de la reserva de ley, sino que implica, además, un trato desigualitario”, recoge la sentencia, en un tono que ha sido interpretado en el Supremo como una enmienda directa a su autoridad.
A este escenario de choque institucional se ha sumado en las últimas semanas un actor que ha terminado de caldear el ambiente: Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. González Amador ha recurrido formalmente la decisión de la Fiscalía General del Estado de recolocar a García Ortiz en la Sección de lo Social del Supremo, alegando que dicha resolución vulnera sus derechos como perjudicado directo por el delito de revelación por el que fue condenado el exfiscal general. En su escrito, denuncia no haber sido informado oficialmente del procedimiento ni haber podido personarse en el expediente administrativo, reclamando la condición de interesado.
Desde la Fiscalía, sin embargo, se ha defendido con contundencia que el alcance de la inhabilitación está claramente delimitado en la sentencia del Supremo. Fuentes del Ministerio Público recuerdan que el fallo impone una inhabilitación especial únicamente para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años, sin extenderla a la carrera fiscal en su conjunto ni al ejercicio de otras funciones. De hecho, el propio Supremo advirtió expresamente en su sentencia de que sería “excesiva” cualquier proyección automática de la condena a otros puestos, dejando en manos de la Fiscalía la decisión sobre el nuevo destino de García Ortiz. La irrupción del entorno personal de Ayuso, con un recurso que cuestiona directamente la interpretación jurídica de la Fiscalía, ha añadido un componente político y mediático que agrava aún más el conflicto.
Desde la mayoría progresista del Constitucional, la lectura es radicalmente distinta a la del Supremo. Consideran que el alto tribunal está ampliando de forma indebida su capacidad de control, reinterpretando la legalidad de manera expansiva y afectando a derechos fundamentales en asuntos de especial relevancia institucional. Para estos sectores, las correcciones del TC no suponen una invasión competencial, sino el ejercicio legítimo de su función como intérprete último de la Constitución.
El problema es que este cruce de correcciones y reproches ha elevado la tensión a un nivel inédito en los últimos años. En el Supremo se percibe una creciente incomodidad ante lo que consideran una pérdida de autoridad, mientras que en el Constitucional se consolida la idea de que es necesario marcar límites claros a determinadas prácticas judiciales. Todo apunta a que el recurso de García Ortiz ante el Constitucional será el momento decisivo. Si el TC entra al fondo del asunto y corrige la condena impuesta por el Supremo, la fractura entre ambos tribunales podría desembocar en una crisis institucional de gran calado. El nuevo destino del exfiscal general y los recursos presentados en su contra ya funcionan como la antesala de una guerra abierta, en la que no solo está en juego el futuro profesional de un alto cargo, sino el equilibrio de poder entre los máximos órganos jurisdiccionales del Estado.
