La polarización en auge ha desencadenado un clima de tensión política que inunda las instituciones y el debate público. La confrontación ha usurpado el sosiego y la pulcritud de la democracia de un tiempo a esta parte. Especialmente durante esta legislatura hemos podido ser testigos del choque sin precedentes que enfrenta a las Cámaras parlamentarias que conforman el poder legislativo: el Congreso y el Senado.
La Cámara Alta, presidida por Pedro Rollán (PP) y con una amplia mayoría absoluta popular, y la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol (PSOE) y con la mayoría absoluta plurinacional que invistió a Pedro Sánchez, mantienen un pulso institucional por intereses partidistas.
Los de Alberto Núñez Feijóo, tras el 23-J, señalaron a Armengol y al resto de la dirección del Congreso de los Diputados y decidieron manosear su poder en la Cámara de representación territorial para lanzar una ofensiva consistida en una treintena de recursos planteados ante el Tribunal Constitucional, bien a través del propio partido o mediante la dirección del Senado.
Sin embargo, el tribunal de garantías ha emitido en 2025 una veintena de resoluciones que afectan al Congreso y en todas la Cámara ha salido indemne.
Según informa el diario El País, el Senado ha materializado recientemente lo que ya había anunciado el pasado octubre: la interposición ante el Tribunal Constitucional de lo que se conoce como conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no haber llevado a las Cortes un proyecto de Presupuestos.
Será la tercera iniciativa semejante del año que acaba. Las otras dos se plantearon también contra el Congreso. Una fue por incorporar a la ley del Servicio Público de Justicia una enmienda sobre mejoras salariales a un grupo de jueces que por despiste se había dejado fuera de la redacción y se rescató mediante una corrección de errores.
La otra por haber vetado el Ejecutivo, con la aquiescencia de la Cámara Baja, una enmienda aprobada en el Senado a la ley de Desperdicios Alimentarios que pretendía reducir del 4% al 2% el IVA de los alimentos básicos.
El Ejecutivo hizo valer su prerrogativa de bloquear iniciativas parlamentarias que conlleven una modificación directa de los Presupuestos en vigor, una justificación insuficiente para el Partido Popular.
Además, en el Tribunal Constitucional está pendiente otro conflicto institucional planteado por el Senado contra el Congreso exclusivamente. Se trata de la trasposición de la directiva europea que permite a los presos descontar los años de condena cumplidos en otros países y que beneficiará a reclusos etarras acortándoles la estancia en la cárcel.
El PP no reparó en las consecuencias de la reforma mientras iba avanzando en el Congreso y luego en el Senado. Hasta que el asunto trascendió por los medios de comunicación y trató de corregirlo en la Cámara que controla introduciendo una enmienda cuando el plazo legal ya había vencido. La Cámara Baja no lo aceptó.
La ley de amnistía fue el pistoletazo de salida
Esa movilización de la maquinaria institucional y política del los populares alcanzó su grado máximo con la ley de amnistía. Sus recursos no solo se dirigían contra el fondo de la norma, sino contra el procedimiento por el que fue tramitada en el Parlamento, a través de una proposición de ley del grupo socialista y no de un proyecto de ley del Ejecutivo.
Estas demandas de inconstitucionalidad impulsadas por los populares sumaron 15: la del grupo parlamentario en la Cámara Baja -encabezado entonces por el actual secretario general y de organización del PP, Miguel Tellado- y las de las comunidades autónomas en las que gobiernan -entre ellas, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, etc-.
En el último año, el tribunal de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido, con mayoría de magistrados progresistas, ha resuelto 20 contenciosos en los que estaba implicado el Congreso y la decisión ha sido favorable a la sede de la soberanía nacional en todos ellos.
Además de los referentes a la ley de amnistía, el PP perdió otro, el presentado contra el modo en que se aprobó la pasada legislatura la reforma legal a fin de impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entonces con el mandato caducado por el bloqueo de los populares, continuase nombrando magistrados del Supremo.
Sobre la mesa del Tribunal Constitucional están pendientes de resolver otros seis recursos del PP que implican al Congreso, así como los tres conflictos institucionales planteados por el Senado. Los órganos de gobierno del Congreso destacan que las 10 resoluciones emitidas en 2025 por el Supremo sobre demandas contra la institución también han sido todas favorables a ella.
Entre estas se cuentan un recurso de Vox contra su exclusión en los nombramientos de la Junta Electoral Central y tres más de uno de los letrados de la Cámara, Manuel Fernández-Fontecha, muy beligerante con la Mesa del Congreso en los medios de comunicación y en los juzgados.
