El Tribunal Constitucional analizará la negativa de Ayuso a investigar las cuentas del 'chiringuito' Madrid Network

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre dos decisiones de la Mesa de la Asamblea que bloquearon la creación de una Comisión de Investigación sobre la relación entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Madrid Network, una entidad que la oposición considera un auténtico chiringuito público, así como los posibles efectos de esa vinculación en la regulación fiscal y económica de la Comunidad de Madrid

La propuesta fue presentada por una quinta parte de los diputados, el mínimo requerido, y cumplía todos los requisitos formales al explicar el objetivo de la investigación, su interés público, el encaje competencial y las normas de funcionamiento. A pesar de ello, la Mesa de la Asamblea y después la de la Diputación Permanente la rechazaron sin permitir su debate parlamentario, alegando que el asunto no correspondía a las competencias autonómicas y que afectaba a una entidad privada ajena a la Administración regional.

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha manifestado que “no vamos a parar hasta que se sepa qué ha pasado con los cerca de 70 millones de euros que Madrid Network le debe a la Comunidad de Madrid, de los cuales 1,8 millones fueron a parar a Equipo Económico, empresa del exministro Montoro, que ahora está siendo investigada”.

Ayuso utiliza las instituciones como su 'chiringuiro' particular

Según Espinar, “la presidenta Ayuso no puede seguir utilizando las instituciones como si fueran su 'chiringuito' particular. Ya está bien de oscurantismo, de chanchullos y de dinero derrochado. La justicia ya ha obligado al gobierno a publicar las cuentas anuales de Madrid Network, cosa que no han hecho todavía, por cierto. Ahora exigimos que se anule la decisión de la Mesa de no dejarnos tramitar la creación de una Comisión de Investigación”.

El recurso sostiene que esta negativa vulnera derechos fundamentales de los parlamentarios reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, al impedirles ejercer su función de control político. De acuerdo con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, sobre todo en la sentencia 88/2012, dictada en un caso prácticamente idéntico, la Mesa solo puede verificar requisitos formales y no puede sustituir al Pleno ni a los grupos parlamentarios en cuestiones de naturaleza política, como valorar la pertinencia de una investigación.

El Grupo Socialista argumenta que la Mesa actuó sin competencia, llevando a cabo un juicio político encubierto que priva a los grupos de decidir si permiten o no la tramitación, y al Pleno de debatir y votar la creación de la Comisión. Además, denuncia que se repite un patrón ya corregido previamente por el Constitucional, lo que, a su juicio, otorga al asunto una relevancia institucional especial.

El recurso solicita que el Tribunal Constitucional declare la vulneración de derechos fundamentales, anule los acuerdos de la Mesa y ordene retrotraer las actuaciones para que la solicitud de Comisión de Investigación sea tramitada conforme al Reglamento, permitiendo que sean los grupos parlamentarios y, en última instancia, el Pleno quienes decidan sobre su creación.

Por tanto, este caso plantea si la Mesa de la Asamblea puede vetar investigaciones de interés público y si este tipo de decisiones está limitando de manera indebida la función de control democrático que ejercen los diputados en representación de la ciudadanía.